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la Revista OlACEFS es el órgano de difu-sión de la Organización latinoamericana ydel Caribe de Entidades Fiscalizadoras Su-periores y se publica cuatrimestralmentl! enespanol. Su objetivo es difundir los conoci-mientos y experiencias que sobre fisca iza-ción y control gubernamental realizan lospaises miembros de la organización.

las opiniones y puntos de vista expresadospertenecena los colaboradoresy no necesa-riamentereflejanlaspollticas delaOLACEFS.

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Tiraje: 500 ejemplares ISSN, en trámite.

Revista OLACEFS

índice

editorial

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Resultado del Simp6sium de Auditoría en la Privatizaci6nPor Jeremy Colman, Reino Unido

La Privatizaci6n del Sector Público EmpresarialPor Eliseo Fernández Centeno, España

El Papel de las Entidades Fiscalizadoras en los Procesosde Privatizaci6nPor Enrique Paixao, Argentina

Informe al Congreso de la República de Venezuela, 1995Por Eduardo Rache Lander

Acuerdos de cooperaci6n:ChileBrasilBoliviaEspañaItalia

• BrasilVenezuelaArgentinaBrasilVenezuela

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notas breves• XII Y XIII reuniones del Consejo Directivo de OLACEFS• Curso de evaluaci6n de programas públicos• Curso de control de la gesti6n pública con soporte ensistemas computarizados• Fallecimiento de la Dra. Carmen Lorenzo Calvo• Bienvenida a nuevos miembros

reseña documentalStudies in State Audit

Revista Olacefs

editorial

El proceso para transferir las empresas estatales al sector privado ha formado parte deuna estrategia integral, en el marco de la globalizacién económica y comercial internacio-nal, para encauzar la redefinición de la función económica y social del Estado. En lamayorla de los paIses la privatización no ha sido una simple transferencia de bienes alsector privado, más bien es parte de un proceso orientado a crear una economla demercado y a mejorar las cadenas productivas en las áreas prioritarias de la economla.

En algunos paIses este proceso ha facilitado reducir su deuda externa, aumentar lasinversiones en infraestructura básica, reducir su déficit público, asl como proporcionar alconsumidor una mejora en la calidad de los servicios y de nuevos productos.

La privatización, sin embargo, no ha sido un proceso fácil, ha requerido en algunos casoscrear estructuras o unidades técnico-administrativas especiales que se hagan cargo de laenagenación y de proponer enmiendas a las constituciones o a las leyes que definan losderechos de propiedad, para establecer la legitimidad de la compra de las empresas y lalegalidad del vendedor.

Por el interés que este tema representa para los miembros de nuestra Organización, enla V Reunión Ordinaria de Asamblea General de la OLACEFS, se discutió El Papel de lasEFS en los Procesos de Privatización. Por ello, se decidió seleccionar tres ponencias quenos proporcionan un panorama general del tema y nos permiten ubicarnos en el contextoque enmarcó las nutridas disertaciones en este interesante campo de la fiscalización, querealizaron los asamblelstas en la citada reunión.

Jeremy Colman presentó las Conclusiones del Simp6sium de Auditorla de la Privatización,que abarcó cuatro aspectos especlficos: reestructuración de las empresas estatales antesde su venta, el manejo del proceso de venta, conocimientos requeridos en la auditorla dela privatización y la auditorla de regularidad.

Por su parte, Eliseo Mendoza Centeno, en su trabaJo La Privatización del Sector PúblicoEmpresarial, expone la experiencia de Espafla, enfatizando que la venta de empresaspúblicas es aún la "ola del futuro" y demuestra que las privatizaciones han dejado de seruna expresión clara de una ideología, para situarse en el pragmatismo y la eficacia.

Enrique Paixao hace una síntesis del proceso de venta de empresas estatales enArgentina, en su documento El Papel de las EFS en los Procesos de Privatización, el cualresulta interesante debido a que en su pals se privatizaron casí la totalidad de lasempresas de servicios públicos de 1989 a 1993.

Finalmente, se incluye una síntesis del Informe Anual 1995 que entregó la Contraloría dela República de Venezuela a su Congreso, además del texto Integro de los convenios quehan firmado las EFS con sus homólogas de la región y con algunas europeas, que muestrael gran esplritu de intercambio de conocimientos y cooperación internacional que preva-lece en la OLACEFS.

Javier Castillo Ayala

Vol. n, Núms. 12 - 13, abril - agosto de 1996

Resultado del Simpósium de Auditoría en la PrivatizaciónPor Jeremy Colman*

SINOPSIS

1. El Simpósium se inició con el reporte delos resultados obtenidos del cuestionario dela auditoría en la privatización respondidopor los miembros de la INTOSAI.

El Simpósium desarrolló cuatro aspectos es-pecíficos de la privatización: reestructura-ción de las empresas estatales antes de suventa, el manejo del proceso de venta, cono-cimientos requeridos en la auditoría de laprivatización y la auditoría de la regulación.En todas las sesiones, las EFS contribuye-ron con las lecciones aprendidas de su expe-riencia. Documentos de trabajo también fue-ron circulados por la Organización Centralde Auditoría de Egipto, basados en su expe-riencia en las auditorías de privatización, asícomo por el Auditor General de la Repúblicade Argentina, sobre el programa deprivatización y entes reguladores.

EL CUESTIONARIO Y LAS EXPERIENCIASDE LAS EFS

2. 117 EFS respondieron al cuestionario,de las cuales 81 dieron repuestassustantivas; todas ellas fueron incluidasen el documento presentado por el señorSullivan. El cuestionario cubrió una am-plia gama de aspectos. Las respuestasmostraron que, para muchos países, losobjetivos claves de la privatización son el

*Director de Privatización y Regulaciónde la Oficina Nacional de Auditoría

del Reino Unido

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desarrollo de la economía de mercado ymejorar la eficiencia en los negocios. Habíaun gran número de pequeñas privatiza-ciones, particularmente en el este y centro deEuropa, pero sorprendentemente tambiénhabía un gran número de ventas importan-tes, 58 sobrepasaron los mil millones dedólares. Muchos métodos de venta se usa-ron, a menudo fueron combinados y hubomuchas y diferentes formas de llegar a valo-raciones y fijación de precios. Dos tercios delas respuestas de las EFS reportaron la exis-tencia de regulaciones en sus países, algu-nas relacionadas con compañías que habíanpertenecido al sector privado, así como aque-llas en vías de privatización.

Las regulaciones y sus auditorías fueron unaclara e importante materia para la mayoríade los estados miembros.

3. Las respuestas a los cuestionarios reve-laron una amplia gama de perspectivas so-bre la auditoría de la privatización y no pocosproblemas y dificultades. Hubo una intere-sante discusión acerca de los objetivos de laprivatización: Burundi y Jordania señalaronque los países no habían podido tener muchaelección sobre cuándo se debía privatizar,pero, sin embargo, un importante objetivo dela privatización era desarrollar una econo-mía de libre mercado, advirtiendo que losmercados internacionales no son siemprelibres. Muchas EFS prestaron atención a lainteracción entre los costos y la valoraciónde los resultados. La valoración de las com-pañías dependía de muchos factores. La for-taleza de una administración fue un aspectoimportante y Kiribati resaltó la dificultad paradisciplinar a los administradores en paísespequeños donde todos conocen a todos. LasRepúblicas Checa y Lituania encontraron di-

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ficultad en valorar las compañías en dondeno había una economía de mercado. La ex-periencia de Brasil mostró las dificultadesque podrían ocurrir si el mercado se deprimepor muchas ofertas de privatización, y Egiptoremarcó que ésta podría ser la razón paraproceder lentamente con las privatizaciones.

REESTRUCTURACION DE LAS EMPRESASESTATALES ANTES DE SU VENTA

4. En este documento el Doctor lIan (Israel)examinó cómo la reestructuración podría con-tribuir a los objetivos de privatización yplanteó porqué no se privatiza el mismo pro-ceso de reestructuración. Su escrito aborda-ba los pros y contras de esta perspectiva. Elargumento se había desarrollado para queun análisis cuidadoso de costo-beneficio pu-diera indicar que esta reestructuración nodebería ser totalmente privatizada, pero hubocosas que el gobierno tuvo que hacer parareestructurar los negocios antes de su venta,para así obtener mejor resultado. Poloniaindicó que a veces los gobiernos no tienensuficiente dinero para pagar por esta rees-tructuración antes de la venta. Senegalremarcó la importancia de no privatizar porprivatizar. Los gobiernos necesitan medirsus resultados cuidadosamente y los audito-res deberían conocer a fondo las compañíasa privatizarse. Se notó también que tantaambición en el alcance de la reestructura-ción previa a la venta podría involucrar se-rios retrasos a la venta y de este modo cons-tituirse en el peor enemigo de la venta.

5. Hubo una considerable discusión comoconsecuencia del excesivo manejo en lasempresas del Estado. En teoría, para el Es-tado era posible reducir el número de em-pleados antes de la venta, para hacer losnegocios más atractivos a la vista de loscompradores. La India subrayó que ese noera el camino correcto. Más bien podría servalioso ofrecer un "dorado apretón de ma-nos" a los empleados involucrados. Esto,junto con un reentrenamiento a la poblaciónlaboral excedente para un trabajo productivoha sido probado, con algún éxito en varios paí-ses, incluyendo el Reino Unido, Egipto y Ghana.

Vol. II, Núms.12 - 13, abril - agosto de 1996 4

Respecto a la reestructuración financiera,pueden surgir problemas cuando la empresaa privatizar tiene importantes deudas. LaIndia sugi ió un número de soluciones, inclu-yendo en algunos casos convertir algunas delas deudas en acciones. Senegal llamó laatención al hecho de que las consecuenciasen materia de impuestos deben tenerse encuenta.

En el Reino Unido hallaron que suprimir todaesta deuda bien podría ser necesario.

MANEJANDO EL PROCESO DE VENTA

6. El señor Oza (India) presentó un resumende los principales aspectos sobre la prácticade privatización, y otros aspectos tambiénsurgieron en la discusión.

7. Algunas EFS vieron ventajas para el audi-tor en el establecimiento de la Ley de cri-terios y procedimientos para la venta. ElSimposium reconoció que hubo un potencialconflicto entre transparencia -consistenteen mantener abierto a la inspección de lasEFS todo el proceso de negociación- y loslogros del gobierno respecto a una buenaventa: una buena venta exige al vendedoradoptar una cuidadosa posición frente alexigente potencial comprador, implica man-tener a los compradores adivinando acercade ciertos aspectos de la posición negocia-dora del vendedor. Las EFS tomaron con-ciencia de este conflicto potencial.

Los Países Bajos mencionaron la posibili-dad de q ~e, en casos delicados, se reporteconfidencialmente al Parlamento, reducien-do así el riesgo de que la auditoría pudieraimpedir el proceso de venta.

En otros países a veces también fueron pre-sentados reportes confidenciales al Parla-mento.

8. Hubo una considerable discusión sobre laextensión en que las EFS deberíanlilv ~' 'r-;rarse, brindando apoyo al gobierno

antes de la venta, por ejemplo en aspectosde evaluación hasta llevarse a cabo ésta yrevisando sistemas de contabilidad. Dichasdemandas pueden presentarse donde lasentidades sean el auditor financiero de lasempresas del Estado antes de la venta. EnAlbania la EFS fue invitada a involucrarse apropuesta de los postores, declinando a ha-cerlo porque pudiera comprometer la inde-pendencia de la EFS.

Egipto e India puntualizaron los riesgos deque las EFS pudieran verse comprometidasen el aspecto político de la venta.

9. Este importante aspecto fue discutido enel Segundo Congreso de EUROSAI, realiza-do en Estocolmo en Junio de 1993, en el cuallos delegados acordaron que las EFS debe-rían integrarse al proceso de privatizacióntan pronto como constitucionalmente les fue-ra posible, concordante con el mantenimien-to de su independencia, y que tal compromi-so puede extenderse a la asesoría en laetapa de planeamiento, asegurando entre-tanto que ello no limite a las EFS su facultadde emitir comentarios sobre los resultadosde la privatización.

En un número de países, por ejemplo Ghana,las auditorías pueden ser desarrolladas lue-go de la decisión de venderlas, pero antes dela venta el proceso se completa.

10. También fue anotado que en NuevaZelanda la EFS había retirado el seguro deindemnización profesional. Este podía sermuy costoso debido a los riesgos que tiene eldar seguro a largo plazo.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOSEN LA AUDITORIA DE LA PRIVATlZACION

11. Presentado el documento del señorWyneCameron, el señor David Mc Donald, AuditorGeneral de Nueva Zelanda, propuso un aná-lisis sobre lo que la auditoría de privatizacióninvolucraba, llegando a conclusiones acerca

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de los conocimientos que las EFS debentener para auditar aquellos procesos com-plejos.

Este documento estimuló un valioso inter-cambio de puntos de vista entre las EFS,acerca de la naturaleza demandante de estatarea y qué se puede esperar razonablemen-te que una EFS haga. Una amplia variedadde posibilidades fueron reveladas, ningunade ellas necesariamente exclusiva.

12. Los Países Bajos cuestionaron que lasEFS simplemente enfocaban el acto de pri-vatización como el alcanzar objetivos másamplios, como el crecimiento y desarrollo deuna economía de mercado. En algunos paí-ses, por ejemplo Reino Unido, le principal dela auditoría de privatización había sido elproceso de la venta, desde que el gobiernohabía propuesto objetivos específicos rela-cionados con el proceso de la venta.

Fue reconocido que los grandes objetivos deprivatización podrían ser difíciles de evaluar,involucrando aspectos políticos y plantean-do la cuestión del derecho de acceso a lasempresas privatizadas.

Pero tal vez la auditoría de regulación sea laúnica forma en la cual una EFS puede exami-nar los resultados de largo plazo del procesode privatización.

13. Algunas delegaciones expresaron quela obtención de todos los conocimientos deauditoría requeridos podían resultar muy cos-tosos. Algunas EFS podían traer expertos deafuera, otras conseguían asesoría específi-ca. Muchas EFS (por ejemplo las de lasRepúblicas Checa y Polonia y del Reino Uni-do) habían utilizado asesores externos. Laexperiencia en el Reino Unido empleandoasesores externos pudo ser más económicaque tratando de hacer todo en casa, porquela auditoría podía terminarse más rápido,siendo así más efectiva. Egipto se expresósobre la independencia de estos asesoresexternos; estuvo de acuerdo en que era ne-

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cesaría tener mucho cuidado en su selec-ción. Inclusive, se pretende aprender de laexperiencia de otras EFS y se busca la for-mación de expertos en el seno de las EFS,sirviéndose de la consultoría externa, cuan-do sea necesario.

AUDITORIA DE REGULAC10N

14. Presentando el documento del señorKaltenbach (Alemania), el señor Apelt re-marcó que mientras la auditoría de regula-ción aún no había tenido mayor importanciapara la mayoría de las EFS, esto parecía irseincrementando a medida que la privatizaciónse insertaba más en la economía y que lascompañías privatizadas se involucraban másen el trabajo de abastecer los servicios parael gobierno.

La regulación no estaba limitada a las com-pañías privatizadas, porejemplo el documen-to de los señores lIan y Kaltenbach mencio-nó la regulación de pensiones como un im-portante aspecto de este panorama regla-mentario.

15. Muya menudo los reguladores, que sonoficinas públicas o entidades fundadas por elgobierno, eran el objeto de la auditoría finan-ciera de las EFS. Existía el consenso generalque cuando la EFS audita a un regulador noes suficiente auditar estados financieros o laadministración financiera, sino también esimportante ver si el propósito del reguladorestá siendo alcanzado. La acción de laauditoría de regulación está deviniendo cadavez más significativa en el Reino Unido.

Por ejemplo, los entes reguladores estable-cieron controlar las compañías privatizadascon poderes monopólicos, existiendo estopor varios años, y la EFS efectuaba corrien-temente estudios de gestión con base enellos.

16. Algunas EFS tenían el mandato de au-ditar las cuentas de compañias del sectorprivado regulado. Pero en otros países las

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... para muchospaíses,

los objetivosclaves

de la privatizaciónson el desarrollode la econom ía,-

de mercadoy mejorar

la eficienciaen los negocios.

EFS no tenían tal poder o estos derechos deacceso, y en ese caso debían confiar en lacooperación de las compañías concernien-tes al sector privado, que bien podría noestar disponible, podrían haber varias solu-ciones, por ejemplo: al tiempo que las EFSempezaban la acción de auditoría al regula-dor, las EFS podrían requerir al reguladorque obtenga cierta información de compa-ñías privadas, que podría ser luego exami-nada por la EFS.

Es necesario solicitar Q buscar una reforma ala legislación para facilitar al regulador ahacer eso. Esta es el área donde los inter-cambies de experiencias entre EFS puedenser útil es.

IMPLICACIONES PARA TRABAJO FUTUROY COOPERACION

17. Se estuvo de acuerdo en que el Simpo-sium fue extremadamente útil para identifi-car un número de conclusiones y leccionesde las cuales las EFS podían derivar uninmediato beneficio, que también les pro-veería un número de importantes aspectospara la futura cooperación entre éstas, ypara el próximo programa del Grupo de Tra-bajo de la INTOSAI sobre la auditoría deprivatización. En los últimos dos o tres añosdel Grupo de Trabajo, enfocó tres áreas:

(i) Desarrollar una base de información,por ejemplo una bibliografía de reportespor EFS en la auditoría de privatización,que esté a disposición de los miembros dela INTOSA/.

(ii) Determinar lo que constituye una bue-na práctica de la auditoría de privatización

(iii) Un profundo examen del trabajo invo-lucrado en la auditoría de los reguladores.

18. La discusión en el Simposium fortalecióla necesidad de trabajar en los tres frentes.Se subrayó la necesidad que las EFS teníande un amplio bagaje de conocimientos y defuturos intercambios entre EFS. La discusiónmostró que, teniendo en cuenta el amplioespectro de objetivos y los poderes legalesde las EFS, habían varios ejemplos instruc-tivos de buena práctica y procedimientos queofrecieron conclusiones para todas las EFSy una declaración de los fundamentos deestas buenas prácticas deberían ayudar alas EFS a desarrollar su auditoría en esasáreas.

Adicionalmente, la auditoría de regulaciónfue reconocida como un importante campode desarrollo, en el cual la experiencia puedeestar limitada en el presente, pero donde hayun trabajo importante que hacer, y ense-ñanzas para aprenderlas y compartirlas.

19. La delegación polaca afreció enviar atodos los miembros de la INTOSAI el reporte

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del seminario de privatización de mayo de1995, llevado a cabo en Varsovia.

20. Entre las sugerencias hechas en el Sim-posium para que el grupo de trabajo lasconsidere, tenemos:

- Enviar un cuestionario corto a todaslas EFS miembros de la INTOSAI, invitán-dolas a determinar las potencialidades dela auditoría que practican, para que estainformación la puedan compartir todas lasEFS.

- Explorar las posibilidades para una fu-tura cooperación entre expertos de lasEFS para que sus conocimientos, vaJida-dos por la experiencia, se difundan tantocomo sea posible.

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-----------------------La Privatización del Sector Público Empresarial

Por Eliseo Fernández Centeno.

1. INTRODUCCION GENERAL

Independientemente del sistema político, entodos los países se asiste a un retroceso deintervención directa del Estado en la activi-dad económica, apareciendo la privatizacióncomo la nueva estrategia a desarrollar en elsector público empresarial. La venta de em-presas públicas es aún la "ola del futuro',conforme a la terminología del Nobel de Eco-nomía Gary Becker. Las privatizaciones handejado de ser la expresión clara de una ideo-logía, para situarse en el plano del prag-matismo y la eficacia.

En los últimos diez años, en todo el mundo sehan vendido empresas públicas por valor de45 billones de pesetas. En la economía euro-pea la empresa pública representaba el15.3% en 1985 y el 19% en 1993, evoluciónque en España supuso pasar en el mismoperíodo del12 aI7%. En España, desde 1985se ha privatizado por un valor superior albillón de pesetas. A mediados de 1995, elvalor de las participaciones estatales en em-presas cotizadas en bolsa superaba los dosbillones de pesetas.

Existe una serie de razones que justifican laprivatización, pero en los momentos actua-les quizá el argumento más utilizado es elcomportamiento ineficiente en las empresaspúblicas tradicionales: la ausencia de objeti-

*Consejero del Tribunalde Cuentas de España.

Ponencia presentada en la V SesiónOrdinaria de la Asamblea General

de la OLACEFS, realizada en Lima,Perú.

Vol. 11,Núms.12 - 13, abril - agosto de 1996 8

vos precisos; el que éstos sean múltiples,cambian"es y ambiguos, consecuencia de lapresión de los diferentes grupos buscadoresde rentas; la falta de controles externos, através del mercado de bienes y servicios; laausencia de la disciplina financiera del mer-cado de capitales; la centralización del pro-ceso de decisión, donde los niveles interme-dios pierden responsabilidad y autonomía,por la carencia de objetivos precisos; el ca-rácter administrativo del control; la no exi-gencia de responsabiiidad sobre los resulta-dos, que reduce los incentivos de maximi-zación éel valor de la empresa y afecta elcomportamiento de todos sus miembros, etc.

Además, el Tratado de Maastrich consagra elprincipio de no discriminación o neutralidadde trato, prohibiendo en unos casos y limi-tando en otros las ayudas y subvencionespúblicas, de las que generalmente son bene-ficiarias las empresas estatales. Consecuen-temente con ello, la Comisión Europea haadoptado directivas (80/723/85/413) Ycomu-nicaciones que concretan los principios enun-ciados anteriormente, definiendo lo que seentiende por ayuda a la empresa pública.Esta situación también justifica el impulsoprivatizador existente en la Europa Comuni-taria, q:.le consagra la liberalización comoobjetivo prioritario para la instauración delmercado interior, lo que requiere una labordesreguladora encaminada a suprimir trabasy mecanismos de protección, como son lasayudas a las empresas públicas.

Por otro lado, la separación de propiedad ydirección, consustancial con la empresa mo-derna, se ha desvirtuado en la empresa pú-blica tradicional, en la que los encargados de

controlar a los directivos no son los propieta-rios, sino el Gobierno -los políticos- y laAdministración -altos funcionarios-, queson, a la vez, agentes de los auténticos pro-pietarios -los ciudadanos-, que tienen elcontrol último de la misma. En la empresapública tradicional, la propiedad tiene unpapel pasivo. Fallan los mecanismos de con-trol societario como control externo de ladirección y el sistema de valoración de lasdecisiones en el mercado.

En los últimosdiez años,en todoel mundo

se han vendidoempresaspúblicaspor valor

de 45 billonesde pesetas.

Así pues, la privatización debe plantearsecomo un proceso de mejora de la eficiencia ycompetitividad de las empresas públicas tra-dicionales, haciendo posible el desarrollo decapacidades empresariales y la configura-ción de grupos con estrategia de negociosrelacionados. La privatización debe configu-rarse más como una operación de políticaindustrial que como una operación exclusi-vamente financiera, lo que puede ir unido a laobtención de recursos para amortizar deuda

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pública, pero debe tenerse en cuenta que, deatender a este objetivo, las empresas públi-cas que primero tienen que ser privatizadasson aquellas cuya rentabilidad resulte infe-rior al costo del interés de la deuda pública,más la prima de riesgo de sector en queactúa la empresa a privatizar, ya que, de esemodo, además de amortizar deuda en circu-lación, se consigue indirectamente reducir eldéficit público al disminuir los intereses co-rrespondientes a la deuda amortizada; todolo cual exige un plan de privatizaciones trans-parente, con la adecuada valoración de cadaempresa a privatizar.

2. LAS PRIVATIZACIONES EN EUROPA

Además de la eficiencia y la competitividad,existen otras razones que explican la acele-ración del proceso privatizador, especialmen-te en el entorno europeo. Así, la inter-nacio-nalización y la integración económica hanrestado validez a los argumentos del interéstecnológico o estratégico. Un ejemplo próxi-mo es la adhesión española a las Comunida-des Europeas en 1986, que supuso paranuestro país la adaptación a la normativacomunitaria y, por tanto, el desman-telamiento de algunos monopolios públicos.

De hecho, el peso del sector público empre-sarial en la economía ha disminuido en losúltimos años, tanto en Europa como en Espa-ña. En 1985, la empresa pública representa-ba en la economía europea alrededor del15% del total, considerando variables, comoel valor añadido bruto, la inversión o el em-pleo, mientras en España dicho porcentajeera del 12%, aproximadamente. En 1991,estos porcentajes habían bajado aproxima-damente tres puntos, tanto en Europa comoen España, y los datos de 1993 reflejan unaparticipación en Europa del 9% yen Españadel 7%.

Las privatizaciones llevadas a cabo en losdos últimos años en Europa y las previstaspara el presente año suponen en este trienio

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un valor enajenado de más de 117,000 millo-nes de dólares, al cambio actual más de 14billones de pesetas. Estas cifras pueden in-crementarse más, si se cumplen los progra-mas de privatización en curso. Así, para1996 está prevista la privatización parcial deDeutsche Telecom, valorada en más de 1.3billones de pesetas, y para los próximoscinco años la OCDE, con base en dichosprogramas, estima que el importe de laspriva-tizaciones en Europa puede alcanzarun total de 200,000 millones de dólares.

2.1 PROCEDIMIENTOS DE PRIVATIZACION

En los países de nuestro entorno inmediato,a menudo la privatización de empresas pú-blicas ha seguido un plan sistemático previoque ha definido los objetivos, los criterios,los sectores, las empresas escogidas, losprocedimientos elegidos, las garantías delproceso, las etapas, y el calendario genéricodel plan y el programa particular para cadasociedad. En España, sin embargo, dadoque hasta ahora no se han producido priva-tizaciones sistemáticas, se ha atendido mása criterios de oportunidad coyuntural.

Con todo, los métodos de privatización habi-tualmente usados en los países de la OCDEno se diferencian mucho de los utilizadoscomunmente en todo el mundo. La técnicamás común es la oferta pública de acciones,principalmente a inversionistas de cartera.Suele realizarse a un precio fijo asegurado,donde un grupo de bancos de inversión to-man grandes tramos a un precio inicial deoferta. Otro método, cada vez más usado, esel llamado "book building», donde los bancosnegocian con los posibles compradores elprecio a que éstos estarían dispuestos acomprar determinadas cantidades de accio-nes y sólo al concluir el proceso se fija elprecio de oferta final. Este método conduce auna prima sensiblemente menor entre el pre-cio de oferta y el precio posterior en el mer-cado. Otra técnica de venta es la oferta pri-vada de acciones o venta directa, que sueleemplearse en el caso de pequeñas empre-sas o de empresas que necesitan una rees-tructuración más imp",rtante. Este método se

Vol. lI, Núms.12 - b, abril- agosto de 1996 10

está usando más en las economías de lospaíses emergentes y del centro y este euro-peo en transición que en los países de laOCDE.

En general, estos procesos están reguladosen leyes específicas. Valga como ejemplo lalegislación francesa. Entre sus disposicio-nes destaca un sistema basado en un "nú-cleo duro. de accionistas (grupo de accionis-tas fijos, según lo define la ley) que, a cambiode una prima, aceptan mantener sus accio-nes por un prolongado período de tiempo yesperan ejercer algún control gerencial so-bre la sociedad, además de suponer un me-canismo de defensa ante ofertas de adquisi-ción hostiles. El resto de acciones se reparteentre otras instituciones, el público en gene-ral, los empleados y los inversio-nistas inter-nos. Además, la legislación del vecino paísestablece normas concretas para la salva-guarda de los intereses nacionales.

3. LAS PRIVATIZACIONES EN ESPAÑA

El sector público empresarial español admi-te diversas formas jurídicas. Un gran númerode empresas depende de la administraciónperiférica (ayuntamientos, diputaciones y co-munidades autónomas), pero las más impor-tantes están bajo la tutela de la administra-ción central. Dentro de ésta se puede distin-guir entre los organismos autónomos comer-ciales, industriales y financieros (como Co-rreos o el Consorcio de Compensación deSeguros), las sociedades estatales, núcleocentral de la empresa pública, y otros entespúblicos (como Radiotelevisón Española). Aello hay que añadir otras empresas privadascon participación y control estatales, comoTelefónica. Las sociedades estatales, a suvez, pueden ser entidades de derecho públi-co, como la Red Nacional de FerrocarrilesEspañoles (RENFE) o el Instituto Nacionalde Industria (INI)1, o sociedades mercanti-les, como las empresas en las que el INIparticipa.

Desde un punto de vista económico, puedendistinguirse cuatro conjuntos de sociedades.En primer lugar, las que forman parte del

Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH)\que se sustentan sobre dos grandes gruposempresariales REPSOL2 y ENAGAS. En se-gundo lugar, las del grupos INI. Dentro delmismo pertenecen al grupo TENEO las em-presas rentables o que presentan claras po-sibilidades de serlo y que no han de depen-der de las subvenciones del Estado. El restode empresas del INI, la mayoría pertenen-cientes a los sectores minero, siderúrgico,de defensa y de construcción naval, depen-den de dichas subvenciones y presentandéficit permanentes en sus balances. Cabedestacar el caso del grupo Iberia, LíneasAéreas, que obtenía resultados positivoscuando se creó TEN EO, en 1992, pero poste-riormente no ha podido sustraerse al proce-so de reestructuración que está viviendo elsector del transporte aéreo en Europa y su-friendo importantes pérdidas.

Un tercer grupo lo constituyen las empresasdependientes de la Dirección General delPatrimonio del Estado del Ministerio de Eco-nomía y Hacienda, formado por sociedadesde muy diversa índole, como Minas de Alma-dén, Tabacalera, Transmediterránea, Para-dores de Turismo, el grupo Argentaria, Tele-fónica, Agencia Efe, etc.

El último conjunto de sociedades es el forma-do por las empresas de derecho público queno forman parte de los grupos anteriores,entre otras: la Red Nacional de FerrocarrilesEspañoles (RENFE), Empresa Nacional deTransportes por Carretera (ENATCAR), Fá-brica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)y Radio Televisión Española (RTVE).

1 El R. D. Ley 5/1995 de 16 de junio sustituye el marconormativo dellNI e INH, al crear la Agencia Industrial delEstado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industria-les, que se responsabilizan de las obligaciones y dere-chos correspondientes a dichos Institutos, que quedaronextinguidos a partir del 31 de julio de 1995.

2 Después de la privatización del último paquete accionario(abril 1995), la participación estatal en REPSOL se hareducido al 40.49%. Ello implica que el sector público haperdido su posición mayoritaria, aunque la participaciónactual permite un control suficiente sobre las actividadesde la compal'lla y sus filiales.

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3.1 PROCEDIMIENTOSDE PRIVATIZACIONES

En el último decenio, en nuestro país se hanseguido fundamentalmente tres métodos paraprivatizar empresas públicas; colocación deacciones en bolsa, venta directa o venta deactivos. La nota común a todos ellos ha sidola ausencia de una norma armoniza-dora queregulase el proceso. La privatización me-diante la colocación de acciones en bolsa seha realizado en las empresas más rentablesy atractivas para el inversor. En general, nose han ofrecido acciones preferentes ni faci-lidades de adquisición a los empleados delas mismas y el Estado se ha mantenidocomo principal accionista. Es el caso de Gasy Electricidad (GESA), en 1986 (38% delcapital social), o de REPSOL, en 1989 (30%),en 1992 (8%), yen 1995 (19%).

Hasta el 26de marzode 1995,en Españano existíalegislaciónespecíficapara la

privatizaciónde empresaspúblicas

Revista OLACEFS

-------------------En cualquier caso, los ministerios de Econo-mía e Industria han elaborado recientementeun MPlande Racionalización del Sector Públi-co., pendiente de aprobación por parte de laComisión Delegada del Gobierno para Asun-tos Económicos, la instancia interministerialque entiende de los temas económicos queafectan a diversos ministerios que plantea elobjetivo de obtener unos ingresos en torno alos 700,000 millones de pesetas en dos añospara contribuir a la disminución del déficitpúblico.

La venta directa de empresas ha sido elmétodo más utilizado. Se ha realizado por latotalidad o mayor parte del capital, mediantenegociación directa con el comprador, y haafectado bien a empresas poco relevantesen sus sectores, bien a empresas necesita-das de tecnología o de una red de distribucióninternacional cuya reestructuración hubieserequerido fuertes inversiones. Las de mayortamaño se han vendido a grupos extranjeros,como SEAT aVolkswagen, SECOINSA a Fujitsuo MTM aAlsthon, y las más pequeñas a empre-sas nacionales (es el caso de Textil Tarazana,Impiel, Castellblanch, etc.). Algunas de estasempresas se vendieron previo saneamiento,mediante aportaciones a fondo perdido, comolas del grupo RUMASA (677,000 millones depesetas en conjunto), SEAT (80,000 millones)o CENEMESA (70,000 millones). La mayoríade empresas pequeñas procedían de la incor-poración al sector público de empresas priva-das en crisis.

Finalmente, la venta de activos es un procedi-miento que se ha utilizado en muy pocos casos.En la mayoría de ellos, una vez enajenadoséstos, las empresas se han liquidado, como enel caso de Potasas de Navarra.

En nuestro país, hasta hace poco no existíalegislación específica para las privatizacionesde empresas públicas. La Ley 5/1995, de 23 demarzo, en vigor desde el26 de marzo, denomi-nada "de régimen jurídico de enajenación departicipaciones públicas en determinadas em-presas., es un primer paso en este sentido, yaque regula un procedimiento de autorización

Vol. n, Núms.12 - 13, abril - agosto de 1996 12

administrativa cuando se dan determinadossupuestos, aunque no incide sobre otras cues-tiones, como la fijación de ventajas específicaspara determinados colectivos o mecanismosexplícitos de protección de los intereses nacio-nales.

El proceso privatizador de empresas públicasespañolas no se ha detenido, al contrario, pare-ce haberse acelerado. Dentro del Conjunto demedidas encaminadas a reducir el déficit de laadministración central de los próximos años,uno de los capítulos de ingresos cuyo volumense prevé aumentar es el relativo a la venta deempresas públicas. Este tema ha avivado enlos últim:>s meses el debate en torno a lanecesidad o conveniencia de tales enajena-ciones, pero en todo caso, la tendencia, eincluso las expectativas más inmediatas, sonlas de privatizar gran parte del sector empre-sarial público.

El Papel de las Entidades Fiscalizadoras en los Procesosde PrivatizaciónPor Enrique Paixao.

1. SINTESIS HISTORICADE LAS PRIVATIZACIONESEN ARGENTINA

La desestatización ha ido surgiendo comouno de los capítulos más importantes en elproceso de reestructuración económico-so-cial de Latinoamérica. La transformación queen ese sentido se desarrolló en la RepúblicaArgentina resulta llamativa, sobre todo por lagran cantidad de privatizaciones efectuadasen poco tiempo: entre 1989 y 1993 se priva-tizó la casi totalidad de las empresas de ser-vicios públicos.

Después de ellas, la conformación de losmercados, las estrategias de los grupos eco-nómicos, la regulación pública de los servi-cios generales, la estructura del Estado y suinserción en la actividad económica del país,y otros importantes factores económicos,resultan fundamentalmente modificados.Analizar estas consecuencias y las limitacio-nes e insuficiencias observadas en el proce-so en sí mismo resulta imprescindible cuan-do se busca encontrar la forma de confeccio-nar un programa de control exitoso.

Del proceso argentino se desprende que lagran velocidad con la que se efectuaron lasprivatizaciones fue el hecho más sobresa-liente. Sólo el tiempo permitirá establecer siesa preferencia por la brevedad no generó

*Presidente de la Auditoría Generalde la Nación de Argentina.

Ponencia presentada en la V SesiónOrdinaria de la Asamblea Generalde la OLACEFS, realizada en Lima,

Perú.

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inconvenientes de consecuencias tan gravescomo los problemas que se buscaba solucio-nar; esos inconvenientes podrían haberseevitado con la implementación de un esque-ma escalonado.

Donde antes encontrábamos empresas pú-blicas que manejaban el 20% de la inversióntotal del país (dato tomado de la revistaCepal No. 54, diciembre de 1994), hallamoshoy una serie de empresas privadas o conce-sionarios privados que se han obligado conel Estado, a través de contratos, al cumpli-miento de las normas dentro de las cuales sehan hecho cargo de las explotaciones, supervi-sadas, en el caso de las empresas de serviciospúblicos, por entes que sí son estatales.

Este cambio en el universo que nos tocacontrolar plantea desafíos nuevos que requeriránsoluciones distintas de los mecanismos que sevenían aplicando desde hace tiempo.

Por eso nos parece que más allá del controlde la privatización en sí, del proceso puntualy determinado de la venta o concesión de quese trate, conviene poner la atención en lasituación radicalmente diferente que se ge-nera en un marco en donde el Estado noactúa como principal agente de la economía,pero no deja de tener interés en aspectoscomo la prestación de servicios públicos, elcumplimiento de las obligaciones de los con-cesionarios de actividades del Estado, y lapreservación de los intereses sociales antelas gestiones privadas de las empresas.

11. BASE LEGAL DE LA INTERVENCIONDE LAAGN

En cuanto a la base legal de la fiscalización,corresponde exponer algunas ideas sobre lo

Revista OLACEFS

-----------------que significa el control público en la Consti-tución Nacional, según nuestra interpreta-ción.

Desde su promulgación original en 1853, laConstitución Nacional determinó como unafunción del Congreso la de fijar anualmenteel presupuesto de gastos de la administra-ción de la nación y aprobar o desechar lacuenta de inversión.

En lo sustancial, el sistema argentino decontrol público está estructurado en la ley24.156, vigente desde el1 de enero de 1993.Ella se basa en el esquema de los sistemasintegrados, y prevé la existencia de dos ór-ganos de control.

Uno de control interno, que es la SindicaturaGeneral de la Nación, dependiente directa-mente del Poder Ejecutivo, y otro del controlexterno, la Auditoría General de la Nación,que tengo el honor de presidir, que dependedel Congreso de la Nación, con el que serelaciona por medio de la Comisión Parla-mentaria Mixta Revisora de Cuentas.

A partir de la sanción de esta ley, eJ PoderLegislativo tiene un órgano propio, en aptitudde ejercer el control integral y en aptitud deasistir la función que el Congreso tiene asig-nada desde 1853 para aprobar o desechar lacuenta de inversión.

La historia contemporánea registra modifi-caciones en la aplicación práctica de la clá-sica doctrina de independencia y separaciónde poderes, y ha mostrado el crecimiento delas atribuciones del Presidente y el escasoejercicio de las atribuciones del Congreso.

La ley 24.156 ha sido un paso importante enla tonificación del poder del Congreso en lahistoria argentina.

El preexistente conjunto de atribuciones le-gislativas del Congreso se ha visto enrique-cido en la reforma constitucional de 1994,mediante la atribución de nuevas funciones,

Vol. I1, Núms.12 - 13, abril - agosto de 1996 14

una de las cuales es la tonificación constitu-cional de la función de control.

El control público se fundamenta en la sobe-ranía popular, ya que el pueblo es el deposi-tario de esa soberanía y el Congreso es elprimer órgano de ejercicio de ese poder decontrol.

Este fortalecimiento institucional del Con-greso se expresa mediante la afirmación ex-plícita de control externo, mediante la eleva-ción a rango constitucional del órgano deejercicio de esa atribución de control: la Au-ditoría General de la Nación.

El artículo 85 de la Constitución Nacional,estableció en la reforma de 1994, dispone:"El control externo del sector público nacio-nal, en sus aspectos patrimoniales, econó-micos, financieros y operativos, será unaatribución propia del Poder Legislativo. Elexamen y la opinión del Poder Legislativosobre el desempeño y situación general de laadministración pública estarán sustentadosen los dictámenes de la Auditoría General dela Nación. Este organismo de asistenciatécnica del Congreso, con autonomía funcio-nal, se i tegrará del modo que establezca laley que reglamente su creación y funciona-miento, que deberá ser aprobada por mayo-ría absoluta de los miembros de cada Cáma-ra. El presidente del organismo será desig-nado a propuesta del partido político de opo-sición con mayor número de legisladores enel Congreso. Tendrá a su cargo el control delegalidad, gestión y auditoría de toda la ac-tividad de la administración pública descen-tralizada c!Jalquiera fuera su modalidad deorganización, y las demás funciones que laley otorgue. Intervendrá necesariamente enel trámite de aprobación o rechazo de lascuentas de percepción e inversión de losfondos públicos."

Es importante señalar que la ley reglamenta-ria del funcionamiento de la Auditoría Gene-ral de la Nación (AGN), no ha sido sanciona-da por el Poder Legislativo. En consecuen-

cia, la ley 24.156 -anterior en dos años a lareforma constitucional comentada- se apli-ca actualmente en forma supletoria, por laausencia de la ley a que hace referencia lareforma constitucional.

De todos modos, la descripción constitucio-nal expresa con ese rango normativo un mo-derno concepto de control que abarca latotalidad de los aspectos funcionales y supe-ra el tradicional control de legalidad, aunquelo incluye.

Lo que a la comunidad le interesa es que losdineros entregados al gobierno sean utiliza-dos de la mejor manera posible. No se puedeconcebir una administración eficiente sincontrol de eficacia, eficiencia y economía.

La ineficiencia del gasto público puede llegara causar mayores estragos que la ilegalidaddel gasto público, con ser ésta moralmentemás detestable. El tipo de control es de natu-raleza más compleja y se basa en gran medi-da en el control de gestión; éste, entre otrascosas, advierte sobre los desvíos entre loprogramado y la realidad, preocupándoseesencialmente de los resultados.

Esta es la gran herramienta de producción deinformación para la toma de decisiones. Lasociedad y el Congreso necesitan saber si laadministración pública ha establecido siste-mas y procedimientos que aseguren laeconomicidad y eficiencia en el gasto de losfondos públicos y que los programas relati-vos a tales gastos sean efectivos en el logrode sus objetivos, a partir del cumplimiento dela norma legal.

Conforme a la cláusula constitucional, la fa-cultad de control del Congreso se extiende atodo el sector público nacional, universoconstituido por la actividad del Estado federal,cualquiera sea la forma bajo la cual se reali-ce. El esfuerzo de relación de la ConvenciónConstituyente ha sido el procurar que ningu-na forma de aparición de actividad del Esta-do quede fuera del escrutinio del Congreso.

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Consecuentemente, tiene descrito la Ley Fun-damental que ningún sector de funcionamien-to de la cosa pública quede fuera de sucapacidad de inspección.

Para la Constitución, la ley puede expandir elcontrol del Congreso, puede expandir el fun-cionamiento de su órgano de control, laAuditoría General;pero la ley no puede res-tringir el universo que la Constitución asignaal órgano de control.

La Constitución argentina ha elegido comomodo de preservar la independencia del entefiscalizador, de poner su presidencia en ma-nos del partido de oposición. Con ello seconsolida el sistema de equilibrio de pode-res, y se dota de especial fuerza al poder decontrol.

La cantidad y la calidad del control se midepor la capacidad de llegada que este controltiene a la sociedad.

Organización, modalidades, mecanismos yanálisis de las etapas de las privatizacIones

El procedimiento de privatización de la Ar-gentina estuvo regido en lo sustancial por laley 23.696 de Reforma del Estado, en la cualse establecía que el primer paso para la trans-ferencia de una empresa o actividad del Es-tado a manos particulares debía encontrarsea través de una ley, o de un decreto del PoderEjecutivo que posteriormente debía ser rati-ficado por el Congreso, en donde se declara-ra que se encontraba "sujeta a privatiza-ción". La misma ley, sin embargo, declaró ala mayoría de las empresas del Estado "suje-ta a privatización".

Cumplido este requisito, los siguientes pa-sos dentro del mecanismo de privatización,son cumplidos en el ámbito del Poder Ejecu-tivo.

El Poder Ejecutivo puede contratar una con-sultoría si lo considera necesario, puededisponer la reestructuración de la empresa a

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privatizar, con la limitación de que en casode disponer su transformación en sociedadanónima debe incluirse en el proceso unprograma de participación del personal en lapropiedad. También dentro del Poder Ejecu-tivo se efectúa la tasación previa y se con-fecciona el pliego de bases y condiciones.

Posteriormente, una Comisión de Precalifi-cación y Preadjudicación, dependiente delMinisterio de Economía y Obras y ServiciosPúblicos, evalúa las propuestas, teniendo encuenta todos los aspectos, y efectúa unaadjudicación provisora.

La adjudicación provisora y el resto del actoadministrativo son controlados entonces porla Sindicatura General de la Nación, que esel órgano de control interno, dependiente delPoder Ejecutivo (al momento de sancionar laley de Reforma del Estado se estableció queel control sería ejercido por el Tribunal deCuentas de la Nación y la Sindicatura Gene-ral de Empresas Públicas" según su normaespecífica" -artículo 50 ley cit.-, los cualesulteriormente fueron disueltos); y en caso deobservación, sugerencia o dictamen en con-trario, se da intervención a la Comisión Bica-meral de Seguimiento de las Privatizaciones.En caso de aprobación, o salvadas las obser-vaciones, se adjudica la empresa, a travésde un decreto del Poder Ejecutivo. (Informa-ción detallada en el Anexo B)1

111. ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOSINGRESADOS POR PRIVATIZACIONES

La mayoría de los recursos ingresados porprivatizaciones ha procedido de países ex-tranjeros, entre los cuáles se destacan losEstados Unidos de América y España, en unprimer plano, y Chile, Francia, Canadá y elReino Unido, en un segundo.

El destino de los recursos ha sido en granmedida la cancelación de la deuda pública,mediante la aceptación de títulos de deudacomo forma de cancelación de los precios delas privatizaciones, e incluso destinando parte

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de los fondos al pago de los intereses de ladeuda externa.

Según publicación oficial (hasta el mes deseptiembre de 1994), el valor nominal de lostítulos rescatados asciende a la suma de1,.006 millones de dólares, mientras que losingresos en efectivo suman 8,438 millonesde dólares. A estas sumas se le podría agre-gar, a fin de calcular el total de los valoresingresados, los pasivos asumidos por losoperadores, que alcanzan a 3,217 millonesde dólares.

Los fondos en efectivo, según la misma fuen-te, fueron destinados en un 40.2% al sistemade seguridad social, el 34.45% al pago de ladeuda ex+erna, eI21.2% ingresaron al Teso-ro, y el resto -4.2%- se asignó a otrosdestinos.

Es decir, que casi los dos tercios de los fon-dos ingresados en forma de rescate de títu-los de deuda, y del resto, el 34.45%, sedestinó a pagos de la duda externa. (Infor-mación detallada en el Anexo C)1

IV. LAS FASES DE CONTROLDE LAS PRIVATIZACIONES

En la Argentina, las privatizaciones en sumayoría han sido efectuadas con anteriori-dad a la entrada en efectivo funcionamientode la AGN. En cambio, corresponden en losucesivo el control de los entes reguladores,del cumplimiento de las obligaciones con-tractuales asumidas por los adquirentes y,en su caso, de la prestación del servicioprivatizado: El papel del Estado consiste engarantizar a los usuarios la posibilidad deinstitucionalizar sus reclamos ante dichosentes. En esta dirección cobran importancialas regulaciones que deberán aplicarse enestos casos: los marcos regulatorios.

Si bien se destaca la falta de una ley generalaplicable a todos los servicios públicos pri-vatizados, ellos no carecen totalmente demarcos regulatorios.

En los casos en que no se sancionó un siste-ma de regulación específicamente, persis-tieron los encuadres vigentes con anteriori-dad o, en última instancia, los pliegos debases y condiciones y los contratos implica-ron un sistema de normas aplicables, más omenos dispersos.

Así, en algunos casos los marcos regulatorioshan sido sancionados en el ámbito legislati-vo: privatización de la empresa Gas del Es-tado, de la empresa de electricidad metropo-litana SEGBA; y en otros los ha dictado elPoder Ejecutivo, por ejemplo en el caso de laempresa Obras Sanitarias de la Nación.

En la Argentina, la función regulatoria delEstado generalmente estuvo depositada enlas mismas empresas y organismos estata-les responsables de la provisión del servicio.Así, sólo a partir de la privatización de losservicios públicos se volvió necesario en elescenario económico institucional argentinola introducción de la figura explícita de losentes de regulación, orientados a protegerlos derechos del consumidor ya promover lacompetencia donde ésta resulte posible.

Los entes reguladores ocupan un espaciocrítico debido a que en la mayoría de loscasos sus áreas de competencia tienen rela-ción muy estrecha con las actividades coti-dianas de los ciudadanos; por ello, es que sevuelve fundamental que cumplan eficiente-mente con sus funciones. En la inspecciónde esa eficiencia, desde el punto de vista delcontrol, interviene la AGN, cumpliendo con laatribución y la obligación legales de hacerlo.

Además, el control de la AGN también apare-ce como necesario, desde la óptica de losrecursos que manejan los entes reguladores.Por ejemplo, la Comisión Nacional de Tele-comunicaciones, que es el ente regulador delos servicios de telecomunicaciones, cuentacon recursos de operación muy importantes:un presupuesto de 44 millones de dólares ycerca de 100 funcionarios.

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La estructura de los entes reguladores enArgentina tiene como característica predo-minante la presencia de un ente regulador anivel nacional, para cada servicio público,con sede en la Capital Federal, lo cual gene-ra desventajas para los usuarios del interiordel país. Como consecuencia de nuestra ex-periencia, puede decirse que la elección deun eficaz modelo de supervisión puede faci-litar la descentralización del control, provo-cando una relación más cercana y fluídaentre el ente de fiscalización, por un lado, ylas empresas, los entes reguladores y losusuarios, por el otro.

Si existen entes reguladores es porque seconsidera que el libre juego de las fuerzasdel mercado no alcanza por sí solo paragarantizar los derechos de los usuarios. Con-secuentemente, su efectividad final dependeconjuntamente de su independencia respec-to de los concesionarios y de los funcionariosejecutivos, de su credibilidad ante la sociedad yde los dispositivos de seguimiento aplicados,función ésta que incumbe a la AGN.

La forma como han sido ideados los entesreguladores produjo que las conductas antelos usuarios, o las empresas supervisadas, ysus actividades, no estén relacionadas entresí, y que no exista un cruce de informaciónentre ellos, o un sistema integrado en estesentido. Este inconveniente podría solucio-narse dotando a los entes de una organiza-ción uniforme y creando algún tipo de coordi-nación entre ellos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de laconformación del personal de los entes. Pa-rece recomendable que los directivos y de-más funcionarios sean designados según pro-cedimientos transparentes y claramente es-tablecidos por las normas legales, lo cualgeneraría casi seguramente una revaloriza-ción de los entes reguladores y crearía en losusuarios una cierta convicción en cuanto a sureal independencia.

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--------------------La mayoría

de los recursosingresados porprivatizacionesha procedidode países

extranjeros ...

Finalmente, es importante que en la expe-riencia argentina no parece evidente que losentes de regulación defiendan los derechosde los usuarios. En general, la gente comúnno ve a los entes reguladores como institu-ciones capaces de respaldar sus intereses yaplicar sanciones en los casos en que se venafectados sus derechos. Si bien este hechoes producto de otras falencias apuntadas,constituye en sí mismo un problema inde-pendiente que requiere soluciones específicas.

En este sentido, la publicidad de las activida-des de los entes, de las sanciones que apli-ca, incluso hasta de los derechos que losreglamentos otorgan a los usuarios, y tam-bién la difusión de una forma rápida, simple,registrable y efectiva de acceso a los entesreguladores a fin de interponer reclamos,con seguridad generarían una ola de credibi-lidad popular tal que los demás factoresdisvaliosos mencionados pasarían a un se-gundo plano. Esto fundamenta la utilidad delcontrol de gestión que efectúa la AGN.

Si la sociedad observara que puede respal-darse en los entes reguladores para que sus

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derechos sean defendidos, su propia presiónretroalimentaría todo el sistema, que forzo-samente tendría que adoptar las medidasnecesarias para satisfacer ese reclamo, fun-cionando a plenitud. Paralelamente, si tuvie-ra evidencias de que el control sobre losentes se ejerce con efectividad, también pre-sionaría para que sus derechos no sean afec-tados. (Información detallada en el Anexo O)'

V. EXPERIENCIAS DE LA AGNEN EL CONTROL DE PRIVATIZACIONES

Debido a la corta historia del organismo decontrol superior de nuestro país, como yafuera dicho, la cantidad de experiencias de laAuditoría General de la Nación en el controlde las privatizaciones debe ser consideradareducida, en relación con la cantidad deprivatizaciones efectuadas sobre procesosconcluidos con anterioridad a 1993, año quemarca el comienzo legal de la AGN.

Los controles efectuados por la AGN puedenser agrupados en tres niveles: sobre el cum-plimiento de las obligaciones asumidas porlos adquirentes o concesionarios, sobre laactividad de los entes reguladores -en elcaso de los servicios públicos-, y sobre losprocesos de privatización en sí.

Un resumen de las resoluciones del Colegiode Auditores, en cuanto a las auditorías efec-tuadas, ha sido preparado por separado. (In-formación detallada en el Anexo E)'

VI. REFLEXIONES FINALES

Como síntesis final, corresponde hacer unabreve referencia a la situación en que seencuentra hoy el control de las privatizacio-nes en Argentina.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es elnuevo campo de control, distinto al anterior,que genera como consecuencia de las pri-vatizaciones: mayor participación de activi-dad privada, pero cumpliendo funciones quemuchas veces son de interés público, siste-

mas de regulación estatal de la prestación deservicios y obligaciones contraídas por losconcesionarios con el Estado, en el marcode las privatizaciones.

Esta situación provoca nuevos problemas,los cuales requieren soluciones, a través deherramientas distintas a las que venimosutilizando hasta ahora, o la acentuación deciertas características del control, como suindependencia.

En cuanto a los mecanismos, resulta impera-tivo el control de gestión, la fiscalización delos entes reguladores, un eficaz seguimientode los procesos de privatización, y la exis-tencia previa de normas legales que determi-nen aspectos como los mecanismos deprivatización, el destino de los recursos, la regu-lación de los servicios generales y, en general,todos los aspectos de las privatizaciones.

La importancia de la independencia del con-trol en la democracia aparece como otrorequisito fundamental para su efectividad.En este sentido, conviene rescatar lo dichoen cuanto a la limitación de la separación depoderes generada por la necesidad estructu-ral de bloques de gobierno con presencia enlos departamentos ejecutivo y legislativo, quese encuentran entonces vinculados a un mis-mo "bloque del poder".

Por lo tanto, deben generarse mecanismoscapaces de romper este obstáculo a la inde-pendencia de control, uno de los cuales pue-de ser poner en manos de la oposición polí-tica la conducción del ente de fiscalizaciónsuperior, como lo establece la Constituciónde la Nación de Argentina.

Aparece también como recomendable paraun control más eficaz, el dictado por el Con-greso de normas claras y generales, que enforma previa a las privatizaciones establez-can pautas fundamentales, como las modali-dades de los procesos, el destino de los re-cursos que se obtengan, la formas de regu-lación de los servicios públicos y el mecanis-

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mo del cumplimiento de las obligaciones asu-midas por los concesionarios o nuevos pro-pietarios.

Por otra parte, la situación actual de lospaíses latinoamericanos y del Caribe requie-re un fortalecimiento de la identificación po-pular con los sistemas participativos. En estadirección, la fiscalización superior puede te-ner un papel trascendente si es utilizadacomo herramienta para afianzar la concien-cia republicana de los pueblos, a través de lamotorización del impulso de la transparenciade las administraciones democráticas.

Esta búsqueda de la transparencia, dada enel marco conjunto de toda la región, y sur-giendo como una característica propia y co-mún de toda Latinoamérica y el Caribe, setransformará en un paso efectivo, concreto ytangible hacia la unión de nuestro pueblo.

1 Por falta de espacio, los anexos no se publicaron, peropueden consultarse en la Biblioteca de la OLACEFS.

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Informe al Congreso de la República de Venezuela, 19951

Eduardo Roche Lander.

Cumplo por segunda vez con la obligación,contenida en el artículo 239 de la Constitu-ción, de informar al Congreso de la Repúbli-ca sobre la gestión anual de la ContraloríaGeneral de la República. Información éstaque no concebimos como una mera contabi-lidad de actuaciones y de resultados, sinocomo un diagnóstico y análisis de la situa-ción general de la administración pública, deacuerdo con lo que se desprende de lasactividades de fiscalización y control realiza-do por este organismo.

EL DESORDEN Y LA INEFICIENCIAPERSISTEN

Nada nos complacería más que presentaruna evaluación positiva de la administraciónpública, donde los aciertos y la ejecuciónnormal y legal superasen con creces lasdeficiencias, desviaciones, errores e irregu-laridades. Sin embargo, en ejercicio respon-sable de nuestra función contralora, tene-mos la obligación de informarle al Congresode la República que, en términos generales,la gestión de la administración pública, apesar de algunos esfuerzos aislados y dealgunas excepciones, continúa caracterizán-dose por el desorden, la ineficiencia, la inefi-cacia y por la recurrencia de irregularidadesde muy diversa naturaleza, pero de igualesconsecuencias, fracturadoras de la legitimi-dad y credibilidad del sector público.

Esta es una grave situación que tenemosque acabar de inmediato y con acciones rea-les, eficaces y efectivas. Acciones que no

*Contralor General de la Repúblicade Venezuela

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sólo corrijan las causas y sancionen a losactores de la corrupción, sino, muy especial-mente, modifiquen la estructura que la facili-ta y hasta ¡::romueve el inmenso desorden, elgran atraso y la considerable indisciplina quese observa, casi sin excepciones, en todaslas actividades, sectores y niveles de la ad-ministración pública.

Ante esa perspectiva se ha colocado a laContraloría General de la República, actuan-do como un equipo institucional, firme, alejado decualquier objetivo distinto al de servir con absolu-to apego a la imparcialidad y alta capacidadtérnica porel más alto interés de la República y dela sociedad, a saber; proteger con la mayor efec-tividad posible el manejo del patrimonio público,rehabilitar el Estado y fortalecer la democracia.Esa es nuestra meta. Deella ni nos apartan ni nosapartaremos. A ella nos mantuvimos fieles a lolargo de la obligación de control y fiscalizacióndurante 1995.

Nunca se insistirá suficientemente en que laContraloría, en el ejercicio de su atribuciónconstitucional y legal de control, vigilancia yfiscalización no lo hace, en primer lugar,como actividad punitiva sino, en todo caso,correctora y preventiva. Y sólo cuando lasindicaciones pertinentes se desoyen y sedesconocen las leyes de la República, tieneque actuar con la sanción severa, drástica yoportuna que corresponda.

Es por ello que las actuaciones objeto deesta presentación condujeron a resultadoscomo los siguientes: la Dirección de Averi-guaciones Administrativas del Sector Des-centralizado declaró la responsabilidad ad-ministrativa de un ex presidente de la Repú-blica y a la casi totalidad de los miembros de

'Publicado en abril de 1996, en Caracas, Venezuela.

su gabinete, por el caso del Banco de Comercio;igual sucedió con un presidente y miembros delas juntas directivas del Instituto Venezolano delos Seguros Sociales y con presidentes y miem-bros de las juntas directivas de FOGADE.

Además, la Dirección de Control de Declara-ciones Juradas de Patrimonio realizó los ac-tos de sustanciación necesarios para el ejer-cicio de la acción penal contra un viceministropor hechos contemplados en la Ley Orgánicade Salvaguarda del Patrimonio Público, aligual que, por primera vez en la historia,multó y suspendió el sueldo a un ministro enejercicio, por no presentar oportunamente sudeclaración jurada de patrimonio. Por la mismacausa se suspendió el sueldo a noventai-nuevejueces, doce defensores públicos, dos funciona-rios de PDVSAy dos concejales. También fueronmultados dos ministros, un ex ministro, diez di-rectores generales de ministerio, seis diputadosal Congreso, dos directores de PDVSA, dos vice-presidentes de bancos del Estado y seiscientoscincuen-taiseis concejales, por incumplimientode requisitos exigidos por la Ley.

Además, en el denso volumen de actividadesemprendido por la Contraloría durante el añode 1995, con un equipo de funcionarios me-ritorios y cuya labor debemos reconocer, seefectuaron labores en más de 500 actuacio-nes fiscales diversas, cerca de 70 averigua-ciones administrativas, un número superior alos 10 mil documentos relativos al controlprevio de gastos; se superaron los 500 mildocumentos relativos al control previo depagos, los 700 exámenes de cuenta y hubocerca de 500 reparos por una cantidad supe-rior a un mil 450 millones de bolívares.

Pero además de las acciones y de los resul-tados cuantitativos, que fueron muchos, de-bemos plantear el análisis y la interpretacióncualitativa de la situación actual de la admi-nistración pública, derivados de la gestióncontra lora cumplida.

UNA SITUACION QUE DEBECORREGIRSE

De los estudios y análisis que la Contraloríaviene realizando sistemáticamente cada año,

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podemos desprender una evaluación gene-ral de la situación y funcionamiento de laadministración pública en todos los niveles,y las consecuencias que de ello derivan tantopara el Estado como para la actividad defiscalización y control.

Iniciamos dicha evaluación con algunosseñalamientos representativos de la situa-ción planteada, que se hace cada vez másintolerante:

- El manejo del gasto público consolidadonacional se concentra excesivamente enla administración descentralizada, esto es,en institutos autónomos, empresas del Es-tado y otros organismos públicos, respon-sables del 70% del gasto público total,mientras que a la administración central ya la administración estatal y municipal,órganos más sujetos directamente al con-trollegislativo y a través de la aprobacióny seguimiento del presupuesto, les co-rresponde sólo e126% y e14%, respectiva-mente.

- La proliferación indiscriminada de entesdescentralizados y de servicios autóno-mos sin justificación y sin controles degestión, síntoma alarmante del desordenque reina en la administración pública, esuna situación que obedece a la ausenciade un esquema global de organización yde la dinámica de su expansión.

- Se advierte la absoluta inferioridad de losgobiernos regionales y locales, a pesar deque se ha asumido desde hace variosaños, como política oficial del Estado, elproceso de descentralización. Este se havenido desarrollando como un procesomarginal y no decisivo y esencial, comoes necesario que sea, a tenor de las nece-sidades de reformular el Estado en Vene-zuela, para que él cumpla sus funciones deorientadory coordinador del interés general.

- La cuestión de los bienes públicos consti-tuye una situación muy grave. No ha sidoposible obtener de manera clara, confiabley sustentada la naturaleza, monto y valor

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de los bienes patrimoniales de los estadosy municipios y de las entidades descentra-lizadas, así como una información conso-lidada de los activos fijos de las empresasdonde el Estado tiene una participaciónmayoritaria. Unicamente se cuenta coninformación parcial de los bienes mueblese inmuebles de la Administración Central.Es decir, tenemos un Estado cuya admi-nistración carece de información actuali-zada y confiable acerca de sus bienespatrimoniales, cuáles son, dónde están,cuál es su estado y empleo y cuál es suvalor.

El sector público, a partir de los estima-dos que se derivan de las investigacionesrealizadas por la Contraloría, tiene una desus principales causas de desorden eineficiencia en las fallas de su gestión admi-nistrativa, mucho más que en los ilícitos quemás ajustadamente podemos denominarcomo hechos de corrupción, aun cuando és-tos han sido y siguen siendo muy altos ysignificativos. Las pérdidas del sector públi-co por gestión deficiente se deben, en razónde importancia, a: fallas en la administraciónde los ingresos, burocracia excedente en losorganismos y gestión deficiente en la admi-nistración de obras y servicios.

Los aspectos que se pueden catalogarde manera más indudable y clara dentro de lacategoría de corrupción, entendida de unmodo lo más ajustado posible, encuentranen la evasión fiscal su expresión más rotun-da. Luego le siguen la prestación insuficientede garantías y el enriqueci-miento ilícito engeneral.

LAS FALLAS RECURRENTES

En nuestro Informe correspondiente al añode gestión gubernamental de 1994 y presen-tado en el Congreso de la República el añopasado, señalamos como perentoria la nece-sidad de comenzar a corregir el déficit fiscalde una manera sostenida, severa y rigurosa.No obstante nuestro señalamiento y el crite-rio concordante de la inmensa mayoría de losespecialistas en la materia e, incluso, defuncionarios públicos de alta responsabili-

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dad, el déficit pasó de 3.4% del PIS a 5.9% enel año que cubre este Informe, con un incre-mento del 39%.

Del mismo modo, le urgimos hacer una im-portante y selectiva reducción del gasto y amejorar ce n prontitud el monto y calidad delos ingresos. Esto no ocurrió a lo largo delaño de 1995, por lo cual la situación de lasfinanzas públicas se ha deteriorado en térmi-nos desconocidos en nuestra historia recien-te, lo que trae como consecuencia que losajustes, ahora, deban ser mayores, tenganresultados en un plazo más largo y afectenmás al Estado y a la población en general.

Así mismo, se indicaron como las fallas másrecurrentes en la administración central, du-rante la gestión de 1994, la evasión y falta dediligencia en la recaudación fiscal, el fraccio-namiento de adquisiciones y contratos, lafalta de comprobación de los gastos efectua-dos, la malversación de fondos, las irregula-ridades en el inventario, administración,manejo y custodia de bienes nacionales, elsobreprecio en adquisiciones, las fallas en lacontratación, ejecución y control de las obraspúblicas.

En el caso de la administración descentrali-zada, las deficiencias más importantes quese detectaron tienen que ver con: formula-ción de presupuestos insinceros, adquisi-ción de cempromisos sin disponibilidad pre-supuestaria, utilización de recursos en finesdistintos a los legal y administrativamenteestablecidos, concesión de anticipos sin quese inicien las obras, registros contables detransacciones sin soportes documentales y,en general, resultados deficientes de gestióna causa de insuficiencia en la planificación yel reiterado incumplimiento de objetivos ymetas.

En las manifestaciones de los estados seña-lamos como sus fallas sobresalientes: eldescuido en el inventario de bienes, las irre-gularidades en la ejecución de obras, lasfallas en la administración financiera, la au-sencia de acciones correctivas y los defi-cientes niveles de gerencia.

Finalmente, en ese mismo Informe sobre elaño 1994, para el caso de las administracio-nes municipales, se establecieron como susdebilidades más importantes las siguientes:malversación de fondos, falta de comproba-ción del gasto, deficiencias en la administra-ción de personal, fallás en la contratación yejecución de obras, fallas en la formulación yejecución del presupuesto y contratacionesindebidas para recaudación de impuestos.

A todo lo anterior añadíamos la ineficacia delos organismos de control interno en la admi-nistración central y la mediatización del con-trol, en el caso de las estatales y municipales.

A lo largo de 1995, esas deficiencias no sedetuvieron, por el contrario, se acrecentaron.

Este cuadro, delineado con toda precisión ennuestro Informe anterior y necesariamentereiterado en éste, sirve para subrayar losfactores estructurales de las fallas en la ad-ministración pública. Es decir, estamos fren-te a una circunstancia de gravedad, dondetanto los casos de fraude como los de desor-den, indisciplina, violación de normativa, ca-rencias de gerencia, gestiones que no cum-plen con sus programas y planes, nos danuna visión de una administración pública ensituación de gran ineficiencia y coloca a laadministración al borde de la ilegalidad.

Como consecuencia de este diagnóstico dela administración pública, cualquiera se sen-tiría tentado por la afirmación inmediata ybrutal de que es imposible disciplinar el fun-cionamiento del Estado venezolano y quedicha imposibilidad conduce a convertirlo encrónicamente inauditable.

Tenemos que resistirnos a esa posibilidadcon todas nuestras fuerzas y exigir para ellola más absoluta dedicación de todos los res-ponsables de revertir esa circunstancia queson, valga reafirmarlo, los responsables dela administración activa y, particulamente,sus autoridades de más alto rango. Desdeluego que también los órganos de control delos distintos niveles tienen que intervenir enese objetivo de hacer del nuestro un Estado

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ordenado y disciplinado, mediante la realposibilidad de auditar con certeza y respal-dos reales a toda la administración pública.

SEIS CASOS EMBLEMATICOSCONTRA LA REPUBLlCA

Queremos referirnos, a través del ejemplo, aseis casos que de forma patente se hanconvertido en paradigma de las afirmacionesque antes hemos desarrollado como de pa-norama general.

EL DESORDEN Y LA INEFECTIVIDADDE LA GESTION EN INFRAESTRUCTURA

A pesar de las actuaciones emprendidas porla Contraloría General de la República en1995, dirigidas a promover correctivos en laejecución presupuestaria de los ministeriosde infraestructura, se mantuvo la tendenciade subejecución indicada en la presentacióndel Informe relativo al año de 1994.

Por otra parte, en el Informe que presenta-mos en el mes de octubre de 1995 ante elCongreso de la República, acerca de la ges-tión de los ministerios de infraestructura,señalamos la evidencia de graves fallas entodas las fases de los procesos de desarrollode las obras públicas.

Allí se indicó que las fallas más severas seconcentran en: la capacidad para controlar laejecución de las obras a su cargo; la frecuen-cia en la violación de normas que rigen elfuncionamiento de la administración pública(Leyes Orgánicas de la Contraloría y de Ré-gimen Presupuestario, así como la Ley deLicitaciones); y el incumplimiento de lasmetas previstas en las leyes de presupuesto.

En genera', en el sector de infraestructura, lagran mayoría de los contratos de obra seentrega sin licitación, recurriendo sistemáti-camente al fraccionamiento de la contrata-ción para evadir la ley y, además, concen-trando la adjudicación directa en unas pocasempresas. Además, muchas veces, cuandose otorga una obra por licitación, con fre-cuencia se hace por un valor significati-vamente menor al real, de tal manera que

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posteriormente se otorga al mismo contratis-ta favorecido los contratos subsiguientes parala continuación o conclusión de la obra, recu-rriendo, en este caso, a una oportunista einsostenible interpretación de una disposi-ción transitoria del Reglamento de la Ley deLicitaciones.

Las obras a cuya ejecución se comprometensuelen desbordar la capacidad de planifica-ción, administración y control de estos minis-terios, y terminan presentando graves defi-ciencias de diseño en los proyectos de inge-niería, careciendo de adecuada supervisióntécnica y de control. De ello resultan obrasque no concluyen o que a su término se hanefectuado en lapsos y costos muchísimomayores que los inicialmente estimados.

La excusa del retraso en la ejecución de lasobras, que es crónico y a veces parece vo-luntario, se emplea para justificar la ordena-ción de la cancelación de contratos, median-te anticipos especiales, los cuales recarganel déficit de la Tesorería Nacional que debepagar tanto obligaciones no causadas comoya causadas, para cuya satisfacción no hayrecursos disponibles.

Finalmente, las obras que se concluyen pre-sentan, en su mayoría, grave deterioro, tantopor deficiencias en su construcción como porla ausencia sistemática de mantenimiento.

Por lo demás, resulta oportuno señalar queestos ministerios, aunque no sólo ellos, tie-nen el pernicioso hábito de retardar hasta elúltimo momento la solicitud de las aproba-ciones debidas a la Contraloría y, luego,urgen por una decisión rápida y favorable.Con ello demuestran tanto indisciplina degestión como, en más de un caso, el intentode emplear un recurso que consiste en pre-sionar por supuestas urgencias con las quese quieren sustraer a un control y fiscaliza-ción efectivos.

En síntesis, pues, nadie debe albergar dudaalguna acerca de la pertinencia y persisten-cia de las observaciones formuladas por laContraloría General de la República a lagestión de los ministerios de infraestructura.

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No obstante, el Ejecutivo Nacional no tom6medida alguna en materia tan grave y sensi-ble y que tanto afectó a la reactivación econó-mica.

LA CRISIS FINANCIERANO HA TERMINADO

La crisis financiera, larvada a lo largo deaños y que irrumpió con virulencia a comien-zos de 1994, no se ha resuelto todavía demodo satisfactorio. Por lo contrario, muchosde sus factores y componentes se vieronacentuados durante 1995 y su situación nopuede considerarse ni normal ni estable. Deallí nuestro llamado de alerta.

La Contraloría General de la República, apesar de la reconocida y absoluta delicadezade la cuestión, y también por su peso en lavida económica de la República, ha venidoactuando con sentido de continuidad, dili-gencia y prudencia, puesto que este caso nopuede ser desatendido hasta que logremosuna clara conclusión del mismo, de tal modoque se deje en evidencia la verdadera esen-cia de sus causas, su desarrollo y de cuánadecuado fue, y es, la gestión que llevaronadelante las entidades responsables del caso.

Durante 1995, la Contraloría declaró en pri-mera instancia la responsabilidad adminis-trativa de presidentes y miembros de la juntadirectiva de FOGADE y se continúan proce-sando las averiguaciones pertinentes sobrepresunta responsabilidad de otros altos fun-cionarios vinculados a la implementación delas políticas erradas, en la mayoría de loscasos, de auxilios financieros.

Ya en nuestro Informe correspondiente alaño de 1994 afirmábamos que "la crisis fi-nanciera no fue manejada con los criteriosmás idóneos y no reportó los resultados es-perados, ya que de los bancos auxiliadosninguno de ellos ha podido ser recuperado,debiendo el Estado absorber el diferencialentre las garantías evidentemente insuficien-tes y los auxilios otorgados y, además, ab-sorber las pérdidas de cada una de las insti-tuciones bancarias intervenidas o adquiri-das'. De una manera casi literal podemos

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ratificar estas afirmaciones como evaluaciónde la gestión cumplida en 1995.

En este orden de ideas, tal como lo referimosen el Informe del año 1994, es oportunoseñalar entre las ineficiencias del manejo deesas crisis que el 80% de los auxilios fuerona parar a los accionistas y los grandes depo-sitantes, mientras que sólo el 20% fue amanos de pequeños y medianos ahorristas ycuenta corrientistas. De allí que es inciertoque los auxilios se otorgaron, básicamente,para impedir la descapitalización de la clasemedia popular.

La situación del sector financiero venezola-no al 31 de diciembre de 1995, permite con-siderar con una retrospectiva de los hechosacaecidos en el primer semestre de 1994que este significativo integrante del circuitoeconómico atraviesa por circunstancias si-milares a las que precedieron a las interven-ciones, en primer lugar del Banco LatinoSACA y luego de las ocho instituciones ban-carias por todos conocidas.

En efecto, la aplicación de políticas restricti-vas de la liquidez por parte de la autoridadmonetaria, el incremento de los activos im-productivos de los bancos, la baja demandacrediticia por la situación económica reinan-te, el comportamiento negativo del mercadocambiario, el descontrolado crecimiento delíndice de inflación, como consecuencia deldéficit fiscal, financiando éste, principalmen-te con el endeudamiento interno con la bancacomercial, y la utilización del mecanismo dela devaluación del signo monetario, son losfactores que presionan sobre el desempeñode las funciones del sistema financiero en suconjunto. Todo ello incidió de manera nega-tiva sobre su capacidad productiva, al limitarlos fondos a ser aplicados al sector de laeconomía real, y reproduce situaciones en elsector bancario, cuyos índices tienen deter-minada similitud con la situación del añoanterior.

Pero, además, es por primera vez en suhistoria que el Banco Central de Venezuelatuvo pérdidas operativas por más de 77 mil

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millones de bolívares. Si esta situación per-siste, es posible que dichas pérdidas yacomiencen a tener consecuencias tan per-versas, como sería la pérdida patrimonial delinstituto emisor, en cuyo caso la Repúblicase vería en la obligación de reponerlo, conlos efectos evidentes de mayor deterioro enlas finanzas públicas y, en particular, en elincremento del déficit fiscal.

De esta misma ineficiencia e impresión deri-vada que el Banco Central de Venezuelatenga acreencias contra la República supe-riores a los 2 mil 400 millones de dólaresamericanos, originados de la operación derenegociación de la deuda externa, sin quehasta la fecha haya recibido el Instituto emi-sor ninguna cantidad destinada a cancelar taldeuda ni tampoco cuenta alguna acerca delos intereses debidos.

Por otra parte, FOGADE, como es conocido,tiene una deuda con el Banco Central deVenezuela que monta a un billón trescientostreinta y tres mil seiscientos noventa y tresmillones de bolívares (Bs 1,333,693,000,000),como resultado de los préstamos recibidospara hacer frente a los auxilios financieros.Esta deuda está documentada con un bonoúnico a favor del Banco Central de Venezue-la, a una tasa de interés del 5% y a un plazode recuperación de veinte años, lo que endefinitiva, considerando el costo de oportuni-dad de los recursos monetarios, ocasiona unefecto negativo en los resultados operativosdel Banco.

Estos hechos permiten señalar que de nomejorar en forma significativa la situaciónpatrimonial del Instituto, ésta incrementaríael ya considerable índice inflacionario y laconsiguiente propensión a una mayor deva-luación de nuestro signo monetario.

En paralelo con lo anterior, FOGADE deberíade haber no sólo valorado los activos fijosque recibiera en garantía en la oportunidadde otorgar los auxilios financieros por 440mil millones de bolívares, sino tambiénhaberlos vendido para recuperar liquidez.Pero,al~31 de diciembre de 1995, un año y

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medio después de haberse producido lasintervenciones bancarias, todavía descono-ce el valor real de esos activos, encontrándo-se muchos de ellos en franco deterioro, consus consecuencias de posible pérdida delpatrimonio público.

En consecuencia, es imprescindible que laJunta de Emergencia Financiera (FOGADE),la Superintendencia de Sancos y otras insti-tuciones financieras competentes actúen enel año de 1996 con una mayor diligencia quela demostrada durante los dos últimos años.Tienen que intensificar y mejorar sus accio-nes para salvaguardar todos y cada uno delos activos, para que los valores que sealcancen por la venta de los mismos permi-tan recuperar los préstamos otorgados, detal manera que las ya inevitables pérdidasque ha afrontado y afrontará el Estado vene-zolano se reduzcan tanto como sea posible.

La crisis financiera y su manejo inadecuadopor parte de las instituciones públicas y delos funcionarios responsables de ello, va arepercutir de una manera tan profunda yprolongada, acaso por generaciones, en todala sociedad venezolana, que no es posiblesino exigir, a fondo, todas las responsabilida-des por parte de los involucrados. Entre ellos,pero no única ni exclusivamente, los banque-ros responsables del manejo fraudulento dealgunas instituciones del sector financiero.

PROBLEMAS EN LA ECONOMIA

La deuda pública continuó pesando de ma-nera significativa en el presupuesto nacionalde 1995. El total destinado a la cancelación de lamisma superó el 25% de la totalidad del presu-puesto de gastos. Ella sufrió una variaciónincremental, durante 1995, del 21%. La deudaexterna creció hasta e116% y la deuda interna seincrementó en un 119% con respecto a 1994.

El déficit de caja de Tesorería fue crónico,alcanzando a 196 mil millones al cierre delaño, ocasionando deudas con los contratis-tas y un monto importante de deuda públicainterna. Ello obligó a colocar letras del teso-ro, con vencimientos a corto plazo, lo queincrementó significativamente tal situación.

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Por lo tanto, el Estado consume cada vezmás el ahorro interno, sustrayéndolo de laactividad económica potencialmente produc-tiva, lo que resulta paradójico con el hechode que entre 1992 y 1995 fueron desembol-sados más de 2 mil millones de bolívares porconcepto de comisiones causadas en la de-mora para utilizar, o simplemente por nohaber usado créditos concedidos por el San-co Mundial y por el Sanco Interamericano deDesarrollo.

A pesar de que la actividad económica crecióen un 2.2%, gracias especialmente al dina-mismo del sector petrolero, la gestión degobierno cerró con un déficit estimado, queno incluyen pagos pendientes que se traspa-sarán al ejercicio fiscal de 1996, deI5.9% delPIS, lo que en términos absolutos alcanza amás de 747 mil millones de bolívares.

Esto crea perspectivas francamente difícilespara la gestión financiera del gobierno nacio-nal de cara al año 1996, lo cual, sumado aldesorden y a la indisciplina generalizados enla administración, nos presentan un escena-rio que va a requerir de medidas muy fuertes,rigurosas y sostenidas.

LA SEGURIDAD PUBLICA VULNERADA

Los gastos en policía y administración dejusticia del Estado venezolano aumentaronen 1995, superando los 100 mil millones debolívares, monto que es a todas luces insufi-ciente. Pero tanto la planificación de su usocomo la adecuada gestión del mismo, medi-da con los resultados cuantitativos y cualita-tivos del servicio, los cuales reflejan aumen-to de la inseguridad y del índice delictual,sigue siendo de muy baja productividad, conrespecto al incremento recibido y a las nece-sidades nacionales en esta materia.

Por otra parte, no es posible dejar de notar eluso creciente de gastos que se califican comodestinados a la seguridad y defensa del Es-tado y, por tanto, exceptuados de las dispo-siciones ordinarias de' control, que en 1995superaron los 200 mil millones de bolívares.

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De allí que el nuevo Reglamento de la LeyOrgánica de la Contraloría General de laRepública debería reducir las partidas noauditables y sólo mantener una cantidadmoderada en gastos secretos y de esta ma-nera se mejoraría la disciplina en el uso detales gastos. El evidente exceso en las par-tidas presupuestarias de gastos "secretos.incrementa la insinceridad de los gastos enseguridad pública y estatal, y se convierte enun medio para seguir sembrando indisciplina ydesplazamiento de las normas de legalidad quedeben ser típicas de una buena administración.

LA INSEGURIDAD JURIDICA

No podemos dejar de referirnos a la situa-ción imperante en los organismos encarga-dos de la administración de justicia en Vene-zuela. De nuestras actuaciones en ese sec-tor se desprende un cuadro de ineficiencia,desorden, falta de diligencia en el desempe-ño de su tarea de juzgar y decidir y la tenden-cia a incurrir en irregularidades de diversanaturaleza, incluso delictuales, que deterio-ran la legitimidad y credibilidad de eseimportantísimo sector del Poder Público, sindejar de reconocer la existencia de algunosjueces de reconocida competencia y probidad.

Queremos en esta oportunidad hacer un lla-mado a los órganos de planificación, de con-trol y de auxiliaridad del Poder Judicial, conel fin de rescatar con la eficiencia y eficaciade sus actuaciones, con la oportunidad desus juicios y con la honestidad de sus ejecu-torias el sitial que le corresponde dentro delos Poderes de la República, de vital importan-cia en la lucha contra la corrupción y el estable-cimiento práctico de la seguridad jurídica, deenorme importancia para el desarrollo, sin in-certidumbre de la actividad productiva.

CONTROL DE CAMBIO INEFICIENTE

En el proceso de otorgamiento de divisas sedeterminó que el incremento legal que regu-la este proceso no fue lo suficientementerestrictivo, toda vez que de las fiscalizacio-nes efectuadas por este organismo se evi-denció autorizaciones para adquisición de

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divisas a empresas que, no obstante estarlegalmente establecidas, no constituían uni-dades operativas en marcha, cuyo fin fueabstraerse de los controles establecidos ylograr la obtención de divisas mediante latramitación de viajes de negocios que nuncase concretaron, turistas que nunca salierondel país, mercancía que no llegó a Venezue-la o que llegó a medias o en estado de des-composición y hasta personas fallecidas queacusaron gastos en sus tarjetas de crédito.

Por otra parte, se observó que el ente encar-gado de la regulación, vigilancia y control delproceso no ejerció una adecuada gestiónpara evitar las situaciones antes mencionadas.

De los resultados de las actuaciones acome-tidas por este organismo, se derivaron indi-cios de responsabilidad civil y penal que, enrazón de la competencia asignada por la leya este organismo, fueron remitidas al Minis-terio Público. En los casos de indicios deresponsabilidad administrativa, las Direccio-nes operativas correspondientes iniciaron lasaveriguaciones del caso, estimándose suconclusión en el transcurso del presente año.

Al final, no sólo observando los hechos pun-tuales que alrededor del sistema de otorga-miento de divisas pudieran haber ocurrido,constatamos con preocupación que el finúltimo de esta medida, que entendemos fuela de restringir el acceso al dólar para otor-garlo sólo a las materias prioritarias para lanación y de esta forma proteger nuestrasreservas, así como nuestro signo monetario,evidentemente no se alcanzaron.

Veamos: al31 de diciembre de 1995, el cam-bio oficial se encontraba en bolívares 290por dólar, mientras que el llamado dólar pa-ralelo (Brady) se cotizaba en 344.09 bolíva-res. Además, las reservas internacionales sesituaban para esa fecha en 9 mil 723 millo-nes de dólares contra 11 mil 507 millones dedólares para igual periodo del año anterior.Cabe advertir que este año han egresado delpaís 17 mil 47 millones de dólares, es decir,4 mil 52 millones más que en 1994. Estos dos

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datos confirman por sobre cualquier duda lasafirmaciones anteriormente hechas.

En conclusión, el régimen de control cam-biario desbordó, por su complejidad y susvariaciones, la capacidad gerencial tanto delos entes públicos como de los privados quefueron responsabilizados de su administra-ción. Por ello, el control de cambio no cum-plió con el propósito previsto.

Honorables Senadores,

Honorables Diputados:

De la acción fiscalizadora y de control, quese realizó sobre los diferentes niveles y sec-tores de la administración pública, podemosescribir un cuadro patológico muy severo degrandes problemas del Estado que originansustancialmente, tal y como lo afirmamos alcomienzo de esta presentación, las irregula-ridades administrativas de mayor recurrenciay las facilidades permanentes para la comi-sión de todo tipo de actos de corrupción.

LA URGENCIA DE LA REFORMADEL ESTADO

Debemos ratificar, tal como lo hicimos en elInforme anual anterior, que la reforma y mo-dernización del Estado no puede seguirpostergándose. Es más, nos alarma consta-tar que durante la presente gestión guberna-mental dicha reforma se ha reducido consi-derablemente, cuando debe ser una de lasprioridades más acuciantes del momento.

En este sentido, queremos destacar el atrasogerencial en la gestión de los asuntos públi-cos, lo que coloca a los diversos sectores deadministración muy por debajo de las deman-das de una sociedad como la venezolana. Laefectividad y calidad del modelo administrativoy las tecnologías de nuestra administraciónpública están desfasadas por completo de lasexigencias no sólo del mundo de hoy, sino deuna Venezuela empeñada en salir de la crisis.

Pero, además, se puede afirmar que el desor-den, la indisciplina y la legalidad de todo tipoy monto son el rasgo característico de la

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actividad administradora. No hay normativasadecuadas, no existen rutinas eficaces, secarece de bases de datos actualizadas yconfiables. Una buena parte del trabajo sehace según el estilo de cada jerarca adminis-trativo, quien confunde capacidad ejecutivacon la falsa eficacia de la arbitrariedad.

El Estado venezolano muestra de maneraalarmante su tendencia al desorden y al des-dén por la planificación seria y rigurosa, enuna materia tan esencial como lo es la formu-lación y ejecución del presupuesto anual deingresos y de gastos, tanto en la administra-ción central como en la descentralizada y enlos estados y en los municipios.

Una muestra de lo que decimos se expresaen la tendencia de la administración a sermal pagadora, lo cual incide en el incrementode todos los precios que deba pagar el Esta-do por los bienes y servicios que recibe.

Con tal indisciplina y desorden en la fijación yejecución real del presupuesto de la adminis-tración pública en todos sus niveles, es imposi-ble crear un Estado con metas claras, condefinición del tipo de gestión administrativaque requiere y, por otra parte, se convierte enun multiplicador de desórdenes a lo largo yancho de toda la gestión económica nacional.

De ese modo se va generando un estilo ad-ministrativo contra-institucional. Es decir, lanorma es una simple referencia discursiva y escasi una simple coartada. Violentarla se con-vierte en la rutina y en el eje del administrador.

La consecuencia más nefasta de ese métodoconsiste en que el Estado, como tal, se debi-lita año tras año, lo incapacitan para ejercersus tareas, le fuerzan a perder eficacia ycredibilidad de cara a la sociedad entera.

LA DEMOCRACIA ES CONTROLY FISCALlZACION

El control y la fiscalización tienen un linajeabsolutamente moderno y democrático. Sonlos instrumentos de medición entre el ciuda-dano y el patrimonio público para que éstesea protegido y usado exclusivamente en

beneficio del interés general y nunca delpersonal, del grupal, del privado.

Es obvio que a la aceptación de los controlesy de la fiscalización por parte del funcionariopúblico, tiene que seguirse una actitudcontralora que supere el entrabamiento, laparcialización y el conflicto.

Nuestra doctrina contralora parte del princi-pio según el cual las contralorías son institu-ciones de protección y defensa del Estado enrelación con el manejo idóneo y legal delerario público. Ello significa que su actitudtiene que ser, en primer lugar, de colabora-ción, corrección y ayuda en el buen haceradministrativo del gobernante. Sólo en se-gundo lugar, y cuando se demuestra infruc-tuosa su meta de mejorar el ejercicio deladministrador, debe actuar en su faceta pu-nitiva, sancionadora, y tiene que hacerlo conseveridad y sin condicionamientos.

Una actividad contralora así entendida, tantopor los responsables del control como porlos que están sometidos al mismo, es unamanera de recuperar la institucionalizacióndel sector público, de rehacer el Estado.

LA COMPETENCIA IMPLICARESPONSABILIDAD

Conforme con la doctrina que ya hemos fun-damentado en nuestro Informe, reafirmamosque todo funcionario público, tanto de la ad-ministración como del contra', tiene que asu-mir que el ejercicio de un cargo entrañaresponsabilidades indeclinables.

Tales responsabilidades tienen relación conel adecuado manejo legal de los bienes yatribuciones bajo su autoridad pero, tam-bién, con los resultados de su gestión. Esdecir, la aceptación y el ejercicio de un cargopúblico crea la responsabilidad de obtenerlas metas, alcanzar los objetivos y realizarlos programas a los que se compromete porsí o por la naturaleza del cargo que ocupe.

Como lo dijimos en el Informe del año pasa-do, y reiteramos en este, "cuando el funcio-

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nario público es dotado de un conjunto depoderes, potestades, facultades y deberes, nosólo se le está señalando su esfera de compe-tencia, sino el marco de su responsabilidadinstitucional. El funcionario, y mientras máselevado sea su rango más grave es su carga,está vinculado por deberes que van muchomás lejos que el de ceñir su conducta a la ley ...La competencia acarrea responsabilidad:

y uno de los más graves problemas parasuperar este Estado, aún sometido a mode-los y procedimientos en buena parte premo-dernos y predemocráticos, requiere con ur-gencia la exigencia de responsabilidad. Senecesita que logremos una victoria rotun-da sobre la complicidad, el encubrimientoy la impunidad.

En febrero de este año, escribió Carlos Fuen-tes, preocupado y respetado intelectual la-tinoamericano, que "muchos países, Espa-ña, Francia, Italia, Inglaterra y sobre todoEEU U, tienen altos grados de corrupción dediversos órdenes. La diferencia estriba enque la corrupción ha sido sinónimo deimpunidad en nuestros países".

Esa es, en efecto, una de las claves delproblema: la impunidad. Esa certeza casiabsoluta por parte del funcionario que come-te ilícitos e irregularidades contra el dinerode los venezolanos, que al final nadie le va aexigir cuentas, o que puede escapar de unajusticia lenta y a veces cómplice, o que elencubrimiento, mediante la resistencia a lasaveriguaciones de los organismos de controlo fiscalización, o el espaldarazo público porparte de un jerarca de rango muy alto, lodejarán a salvo una y otra vez.

En esta gestión contralora, el mayor esfuer-zo se concentrará en impedir la impunidad yen denunciar el encubrimiento, cada vez quelas acciones preventivas y correctivas que-den sin efecto o sean puestas de lado.

Ya hemos dicho, aplicando el principio de laigualdad ante la ley, regla de oro de la demo-cracia y del estado de derecho, que serán Josaltos funcionarios de las administraciones,

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por concentrarse en ellos el volumen mayorde responsabilidad, a los que escrutaremoscon mayor determinación.

LA MODERNIZACIONDE LA CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLlCA

De acuerdo con la Nueva Ley Orgánica de laContraloría General de la República, estainstitución de rango constitucional adquiereuna autonomía funcional mucho mayor, in-dispensable para el ejercicio autónomo de sucompetencia de control y fiscalización, seextiende claramente a todos los ámbitos dela administración pública.

Además, sienta las bases para la implan-tación del Sistema Nacional de Control, bajola rectoría de la Contraloría General de laRepública, de tal modo que las normas, pro-cedimientos y evaluaciones sean coheren-tes, sistemáticas y coordinadas. Así, cabe laposibilidad cierta de una más acabada pro-tección del uso correcto y eficaz de los bie-nes de la hacienda pública.

También establece la selección por concur-so de los contralores titulares de los órganosde control interno de toda la administración,tal como ya se hizo con el Contralor Generalde la República, por parte del Congreso.Esperamos, y actuaremos en ese sentido,que para fin de esta gestión todos los contra-lores de la administración pública sean de-signados mediante el mismo procedimiento.Así contarán con una más clara autonomíaen el ejercicio de su cargo.

Llevaremos a cabo, gracias a la nueva Ley,la implementación del Control de Gestión,que supere y complemente los controles con-vencionales, que dé cuenta de resultados, decumplimientos y no sólo del también necesa-rio uso de atribuciones y manejo legalmentecorrecto del patrimonio.

Este control se concentrará en la evasiónfiscal, las empresas del Estado, las obraspúblicas y los servicios al cuidado, que son elcorazón donde se encuentran los volúmenes

Vol. n, Núms. 12 - 13, abril - agosto de 1996 30

mayores y dramáticos de ilegalidades y co-rrupciones, y tienen el mayor efecto en elbien común.

Es obvio que no cesaremos en el seguimien-to de la crisis financiera y de sus consecuen-cias, pues la gravedad del caso hace que,por muchas razones, se llegue hasta su finaly culminación. A esto estamos dispuestos.En relación con el mismo tema, seguiremosparticipando, como lo hicimos durante 1995,en el diseño, implementación y desarrollo delSistema Integrado de Gestión y Control delas Finanzas Públicas (SIGECOF).

También nos haremos presentes en el análi-sis de los problemas críticos para el país quese originen en cualquier sector, especial-mente en los atinentes a gasto social, servi-cios públicos y seguridad pública.

Haremos a lo largo de este año de 1996 lacorrespondiente transferencia de competen-cias a la administración activa que la Leyestablece y mejoraremos sostenidamentetodos los procesos de investigación y desanción.

Con respecto a ese último aspecto, convienesubrayar que la nueva Ley dota a laContraloría de un poder sancionador, muchomás directo y mayor. De hecho, prevé laposibilidad de la destitución de funcionariosy de la inhabilitación para el ejercicio de lafunción pública, como consecuencia de ladeclaratoria de responsabilidad administra-tiva, aparte de que las multas previstas parasancionar a los infractores son más elevadasy se actualizan permanentemente según losparámetros de la economía real.

Finalmente, procederemos a una organiza-ción de la Contraloría que permita moderni-zar toda su infraestructura de trabajo, incre-mentar el valor agregado técnico y profesio-nal de sus funcionarios, mejorar sus condi-ciones de trabajo y crear una organizaciónágil, funcional, efectiva, con altísima con-ciencia institucional. Capaz de coordinar suacción con todos los entes públicos que per-sigan funciones complementarias. Que man-

tenga una apertura sostenida a todos lossectores de la vida nacional, de tal maneraque se pueda recibir directamente de ellossu visión del país y sus criterios y proposicio-nes para una mejor gestión institucional delorganismo.

De hecho, ya contamos con avances impor-tantes con respecto a la reorganización de lainstitución contralora, que nos permitirá unaacción cada vez más efectiva y oportuna,basada en una estructura ágil, informatizada,con alta capacidad de comunicación, quepone su énfasis en el desarrollo y captaciónde los mejores recursos humanos. De esemodo, a la acción eficaz añadiremos unaapertura informativa hacia la sociedad que,de alguna manera, interprete los nuevos tiem-pos que debe comenzar a vivir nuestra de-mocracia.

PROPONEMOS

En ese contexto vamos a trabajar coordi-nadamente con los entes públicos y con lasdiversas organizaciones que forman el en-tramado dirigente de nuestra sociedad civil.

La sociedad debe crear mecanismos civileseficientes para obligar al ejercicio transpa-rente de la función pública y para ejercer loscontroles de opinión, indispensables paraevitar tanto la impunidad como las complici-dades y encubrimientos.

Postulamos la necesidad de crear una cultu-ra de la responsabilidad y de la eficiencia,como ética del funcionario público y una cul-tura social de la honestidad como contextogeneral, que ate y obligue al servidor públicoya todo el conglomerado social de la Repú-blica.

Es así como lograremos la institucionali-zación de la ética, fundamento y fuerza origi-naria para que el Estado, la administraciónpública en general y el ciudadano desde susorganizaciones de la sociedad civil, se apo-yen y refuercen el tejido de las normas cuyocumplimiento nos alejen de la ley del másfuerte, de los rezagos autoritarios, de

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clientelismo. Es decir, que cada quien hagabien lo que tiene encomendado.

Una Contraloría General contra la corrup-ción, sí, pero que sea para fortalecer el Esta-do, relegitímar la democracia y superar lacrisis.

Una Contraloría contra la crisis, por la demo-cracia ya favor del estado de derecho. Estaes, señores Parlamentarios, la filosofía quepreside nuestras acciones y que fundamentanuestro plan estratégíco de acción hasta1998.

Venezuela y ustedes, Honorables Parlamen-tarios, pueden contar con esta Contraloríaporque todo nuestro esfuerzo, sin desmayoni vuelta atrás, está comprometido en el res-cate de la moralidad y de la eficiencia públi-ca, como asunto fundamental para la super-vivencia del Estado democrático en nuestropaís.

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Acuerdos de cooperación

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnicaentre Chile y Brasil*

Teniendo en cuenta el interés y la convenienciaen establecer relaciones de cooperación técnicay científica entre las Entidades FiscalizadorasSuperiores en las áreas de control y fiscalizacióndel manejo de los recursos públicos, y con lafinalidad de articular un instrumento que propicieun intercambio de informaciones y experiencias,tomando como base los principios interna-cionalmente aceptados de igualdad, respeto mu-tuo por la soberanía nacional, interés recíproco yno injerencia en los asuntos propios de cadainstitución, la Contraloría General de la República(Chile) y el Tribunal de Cuentas de la Unión(Brasil), acuerdan suscribir el siguiente Acuerdode Cooperación, articulado mediante las disposi-ciones que a continuación se formulan.

PRIMERALa Contraloría General de la República (Chi-le) y el Tribunal de Cuentas de la Unión(Brasil) establecerán, en base al principio deigualdad y a las disposiciones contenidas en elpresente Acuerdo, relaciones de cooperación téc-nica y científica en las áreas de control y fiscaliza-ción del manejo de los recursos públicos.

Las previsiones anteriores se plasmarán enacuerdos o programas especiales de actua-ción, que se llevarán a cabo conforme a lasdisposiciones del presente Acuerdo.

SEGUNDALa cooperación entre la Contraloría Generalde la República (Chile) y el Tribunal de Cuen-tas de la Unión (Brasil), en el marco delpresente acuerdo, podrá concretarse me-

*Firmado en Santiago de Chile, el 4de diciembre de 1995

Vol. n,Núms. 12 - 13, abril - agosto de 1996 32

diante la realización de las siguientes activi-dades:

a) Cursos de formación y perfecciona-miento de carácter profesional yotorgamien-to de becas en las distintas áreas de especia-lización;

b) Proyectos conjuntos de investigación,en áreas científicas de interés común' ,

c) Intercambio de expertos y técnicos enlas áreas de control y fiscalización;

d) Organización de conferencias y semi-narios;

e) Intercambio de documentación científi-ca y técnica, emanadas de cada una de lasInstituciones;

f) Cualquier otra forma de cooperaciónque sea estimada conveniente.

TERCERACon la finalidad de hacer operativas las pre-visiones contenidas en el apartado primerode este Acuerdo, la Contraloría General de laRepública (Chile) y el Tribunal de Cuentas dela Unión (Brasil), acuerdan constituir unaComisión Mixta de Cooperación Técnica yCientífica compuesta por cuatro miembros,siendo dos de cada Institución.

CUARTACompete a la Comisión Mixta de Coopera-ción Técnica y Científica:

- Dirigir e impulsar los acuerdos que seadopten dentro de su ámbito por las dosInstituciones.

- Analizar y proponer las medidas que seconsideren pertinentes para solventar lasdificultades que se planteen en la aplica-ción del presente Acuerdo.

------------------------------=.' ..

- Someter propuestas a las respectivas Ins-tituciones, en relación con el desarrollo delas relaciones técnicas y científicas entreambas.

La Comisión Mixta de Cooperación Técnica yCientífica se reunirá, en principio, anualmen-te, en el lugar que se designe por mutuoacuerdo.

QUINTA

Los gastos que se deriven de la aplicacióndel presente Acuerdo, serán sufragados, enla parte que les corresponda, por cada unade las Instituciones.

SEXTA

Las discrepancias que puedan surgir en lainterpretación del presente Acuerdo, o de losacuerdos de desarrollo, se solventarán, enprincipio, por el mutuo acuerdo de las partes,

dentro del ámbito de la Comisión Mixta yteniendo en cuenta el espíritu de amistad ycooperación entre ambas Instituciones.

SEPTIMA

Las modificaciones al presente Acuerdo seefectuarán a propuesta de la Comisión Mix-ta, por acuerdo entre la Contraloría Generalde la República (Chile) y el Tribunal de Cuentasde la Unión (Brasil), mediante comunicaciónpor escrito y entrarán en vigor a partir de suaprobación por las respectivas Instituciones.

OCTAVA

El presente Acuerdo, suscrito en originalesredactados en los idiomas español y postugués,igualmente válidos, entrará en vigor en la fechade su firma y podrá ser denunciado por cual-quiera de las partes, previa notificación, conseis meses de anticipación.

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Acuerdo de Cooperación Técnica, Científica y Culturalentre Brasil y Venezuela*

Acuerdo de Cooperación Técnica, Científica yCultural entre el Tribunal de Cuentas de la Unióny la Contraloría General de la República deVene-zuela, para el establecimiento de un programacooperativo en el área de control externo de laaplicación de los recursos públicos.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (Brasil) yla Contraloría General de la República deVenezuela,

Considerando que ambas instituciones tie-nen interés en establecer un programa co-

*Firmado el 26 de marzo de 1996,en Caracas, Venezuela.

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operativo en el área de control externo de laaplicación de los recursos públicos;

Considerando que la realización de un acuer-do de cooperación entre las EntidadesFiscalizadoras Superiores representa unperfeccionamiento de las técnicas y de lacalidad de la auditoría del sector público; y

Considerando que el intercambio de infor-maciones y experiencias es de gran impor-tancia para ambas instituciones;

Acuerdan lo siguiente:

ARTICULO I

El objetivo de este Acuerdo es establecer unprograma de cooperación técnica, científica

Revista OLACEFS

y cultural en el área de control de la aplica-ción de los recursos públicos.

ARTICULO 11

La cooperación consistirá en:

a) Esfuerzos conjuntos con el objeto de pro-mover estudios e investigaciones siste-matizados en el campo de control sobre lagestión administrativa del estado;

b) Realización de recursos de formación y per-feccionamiento profesional, bien así de se-minarios y eventos especiales para los téc-nicos responsables de trabajos de auditoría;

c) Selección de trabajos producidos por am-bas Entidades Fiscalizadoras Superiores,sobre temas específicos relativos al con-trol gubernamental, con el objeto de difun-dirlos entre los técnicos de las dos institu-ciones y expertos de esa área;

d) Intercambio de información y documentosproducidos por ambas Entidades Fiscali-zadoras Superiores;

e) Divulgación de eventos técnicos y cultura-les promovidos por ambas Entidades

Fiscalizadoras Superiores;

f) Perfeccionamiento de la capacidad en elcontrol externo ejercido por la ContraloríaGeneral de la República y el Tribunal deCuentas de la Unión', como autoridadessuperiores, para cooperar con el congre-so de la República de Venezuela y elCongreso Nacional de Brasil, en la tareade perfeccionamiento del control sobre lagestión de la administración del Estado;

g) Intercambio de impresiones y directivasdurante la elaboración de ponencias y pro-posiciones por ambas Entidades Fiscali-zadoras Superiores.

ARTICU LO 11I

Los gastos que se deriven de la aplicación deeste Acuerdo serán sufragados por cada unade las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

ARTICULO IV

El presente Acuerdo entrará en vigor en lafecha de su subscripción y podrá ser alte-rado por mutuo entendimiento, cumplidaslas formalidades legales.

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnicaentre Bolivia y Argentina*

Entre la Contraloría General de la Repúblicade Bolivia, representada por su ContralorGeneral, Licenciado Marcelo Zalles, y laAuditoría General de la Nación de la Repúbli-ca Argentina, representada por su Presidente,Doctor Enrique Paixao, se suscribe el siguienteAcuerdo de Cooperación Científica yTécnica, afin de proyectar acciones conjuntas de colabo-ración e intercambio en el área de control exter-

*Firmado en La Paz, Bolivia,el 27de marzo de 1996

no de la administración pública financiera, con-table, presupuestaria y patrimonial.

DECLARACIONES

Ambas partes declaran:

Que es de su interés establecer relacionesde cooperación técnica y científica entre am-bas Instituciones en las áreas de control y fisca-lización del manejo de los recursos públicos.

Que el intercambio de información, metodo-logías y experiencia's relacionadas con lavigilancia de la gestión fiscal acrecienta la

--------------------------------------VoL n, Núms. 12 - 13, abril - agosto de 1996 34

capacidad operativa de las entidades de fis-calización superior y promueve su integra-ción; disminuye los costos destinados a lacapacitación de sus agentes, posibilitandoestudios comparativos en áreas de interéscomún y acceso a documentación científica ytécnica; y fomenta la difusión de publicacio-nes especializadas.

Que el citado intercambio debe instrumentar-se sobre la base de los principios inter-nacionalmente aceptados de igualdad y res-peto mutuo por la soberanía nacional, inte-rés recíproco y no injerencia en los asuntosinternos de cada Institución.

ARTICULO PRIMERO-OBJETIVO:

El presente Acuerdo tiene como finalidadestablecer programas de cooperación e in-tercambio en aspectos científicos y técnicos,en el área de control y fiscalización del ma-nejo de los recursos públicos, mediante laimplementación de acuerdos o programasespeciales de actuación.

ARTICULO SEGUNDO-ACTIVIDADES:

El objetivo del acuerdo podrá concretarsemediante la realización de las siguientesactividades:

a) Cursos de formación y perfeccionamientode carácter profesional y otorgamiento debecas en las distintas áreas de especialización.

b) Proyectos conjuntos de investigación enáreas científicas de interés común.

c) Intercambio de expertos y técnicos en lasáreas de control y fiscalización.

d) Organización de conferencias y semina-rios.

e) Intercambio de documentación científicay técnica, emanadas de cada una de lasInstituciones.

f) Cualquier otra forma de cooperación quesea estimada conveniente por la Comi-sión Bilateral a que se refiere el ArtículoCuarto de este Acuerdo.

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g) Intercambio de impresiones y directivasdurante la elaboración de ponencias y pro-posiciones por ambas Entidades Fiscali-zadoras Superiores.

ARTICULO TERCERO-MATERIAS:

Las actividades enunciadas en el ArtículoSegundo podrán desenvolverse en torno delas siguientes materias:

- Planeamiento y ejecución del control fiscal.

- Auditoría Operacional.

- Auditoría de Obras Públicas.

- Auditoría de la Gestión Ambiental.

- Control Fiscal de las privatizaciones-ca-pitalizaciones.

- Desarrollo de Programas de Control deCalidad en la Auditoría Gubernamental.

- Utilización de herramientas informáticaspara el desarrollo de trabajos de auditoría.

- Conceptualización sobre la calidad y efi-ciencia del sistema de control interno delas entidades y organismos del Estado.

Participación ciudadana como mecanis-mo de control.

- Técnicas estadísticas aplicables al con-trol fiscal selectivo.

- Desarrollo de Programas de Capacitación.

- Todo otro tema que se considere oportunoincorporar a criterio de la Comisión Bilate-ral a que alude el Artículo Cuarto del pre-sente Instrumento.

ARTICULO CUARTO-COMISIONBILATERAL COORDINADORA:

La implementación de las actividades que sedesarrollarán en el marco del presente Acuer-do corresponderá a una Comisión Bilateral

-Revista OLACEFS

Coordinadora compuesta por cuatro miem-bros, dos por cada organismo.

ARTICULO QUINTO-COMPETENCIAS:

Corresponderá a la Comisión Bilateral Coor-dinadora:

a) Celebrar, dirigir e impulsar programas delas actividades a que se refiere el ArtículoSegundo.

b) Prever las medidas necesarias para laefectiva realización de las actividades pro-puestas.

c) Someter proyectos e iniciativas a la consi-deración de las respectivas Instituciones,en relación con el desarrollo de las rela-ciones técnicas y científicas entre ambas.

ARTICULO SEXTO-FUNCIONAMIENTO:

En la primera reunión de la Comisión Bilate-ral Coordinadora, la que deberá celebrarsedentro de los tres meses de suscrito el pre-sente Instrumento en el lugar que se designepor mutuo acuerdo, la misma Comisión acor-dará su modalidad de trabajo y el tiempo ylugar de las futuras reuniones.

ARTICULO SEPTIMO-FINANCIAMIENTO:

Los gastos que se deriven de la aplicacióndel presente Acuerdo serán sufragados por

las instituciones firmantes, en base a laspautas que la Comisión Bilateral Coordina-dora fije en forma general o específica.

ARTICULO OCTAVO-INTERPRETACION:

Las discrepancias que puedan surgir en la inter-pretación de este Acuerdo, o de los acuerdosoperativos que deriven del primero, se resolve-rán, en principio, por el mutuo acuerdo de lasPartes dentro del ámbito de la Comisión Bilateral,y teniendo en cuenta el espíritu de amistad ycooperación entre ambas Instituciones.

ARTICULO NOVENO-MODIFICACIONES:

Las modificaciones al presente Instrumentose efectuarán a propuesta de la ComisiónBilateral Coordinadora por los organismos fir-mantes del mismo, mediante comunicación porescrito, y entrarán en vigor a partir de suaprobación por las respectivas instituciones.

ARTICULO DECIMO-VIGENCIA:

El presente Acuerdo comenzará a regir apartir de la fecha de su firma y podrá serdenunciado o cancelado por cualquiera delas Partes, previa notificación con seis me-ses de anticipación.

Acuerdo de Colaboración Técnico y Científicoentre España y BrasiI*

Teniendo en cuenta el interés y la convenien-cia en establecer relaciones de cooperacióntécnica y científica entre Instituciones supe-riores de control en las áreas de control yfiscalización del manejo de los recursos pú-blicos, y con la finalidad de articular un ins-

*Firmado en Madrid, España,el 16 de abril de 1996

Vol. 11,Núms. 12 - 13, abril - agosto de 1996 36

trumento que propicie un intercambio de in-formaciones y experiencias, tomando comobase los principios internacionalmente acep-tados de igualdad, respeto por la soberaníanacional, interés recíproco y no injerencia enlos asu tos propios de cada Institución, elTribunal de Cuentas de España y el Tribunalde Cuentas de la Unión (Brasil) acuerdansuscribir el siguiente Convenio de Colabora-ción, articulado mediante las disposicionesque a continuación se formulan.

PRIMERA

Los Tribunales de Cuentas de España y de laUnión (Brasil) establecerán, en base al prin-cipio de igualdad ya las disposiciones conte-nidas en el presente Acuerdo, relaciones decooperación técnica y científica en las áreasde control y fiscalización del manejo de losrecursos públicos.

Las previsiones anteriores se plasmarán enacuerdos o programas especiales de actua-ción, que se llevarán a cabo conforme a lasdisposiciones del presente acuerdo.

SEGUNDA

La cooperación entre los Tribunales de Cuentasde España y de la Unión (Brasil), en el marco delpresente Acuerdo, podrá concretarse mediantela realización de las siguientes actividades:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento decarácter profesional y otorgamiento de becasen las distintas áreas de especialización.

b) Proyectos conjuntos de investigación, enáreas científicas de interés común.

c) Intercambio de expertos y técnicos en lasáreas de control y fiscalización.

d) Organización de conferencias y semina-rios.

e) Intercambio de documentación científicay técnica, emanadas de cada una de lasInstituciones.

TERCERA

Con la finalidad de hacer operativas las pre-visiones contenidas en el apartado primerode este Acuerdo, los Tribunales de Cuentasde España y de la Unión (Brasil), acuerdanconstituir una Comisión Mixta de Coopera-ción Técnica yCientífica, compuesta por cuatromiembros, siendo dos de cada Institución.

nales de Cuentas de España y de la Unión(Brasil).

- Analizar y proponer las medidas que seconsideren pertinentes para solventar lasdificultades que se planteen en la aplica-ción del presente Acuerdo.

- Someter propuestas a los respectivos Tri-bunales, en relación con el desarrollo delas relaciones técnicas y científicas entreambas Instituciones.

La Comisión Mixta de Cooperación Técnica yCientífica se reunirá, en principio, anualmen-te, en el lugar que se designe por mutuoacuerdo.

QUINTA

Los gastos que se deriven de la aplicacióndel presente Acuerdo serán sufragados, enla parte que les corresponda, por cada unade las Instituciones.

SEXTA

Las discrepancias que puedan surgir en lainterpretación del presente Acuerdo, o de losacuerdos de desarrollo, se solventarán, enprincipio, por el mutuo acuerdo de las Par-tes, dentro del ámbito de la Comisión Mixta yteniendo en cuenta el espíritu de amistad ycooperación entre ambas Instituciones.

SEPTIMA

Las modificaciones al presente Acuerdo seefectuarán a propuesta de la Comisión Mixtapor acuerdo entre los Tribunales de Cuentas deEspaña y de la Unión (Brasil), mediante comuni-cación por escrito, y entrará en vigor a partir desu aprobación por las respectivas Instituciones.

OCTAVA

CUARTA

Compete a la Comisión Mixta de Coopera-ción Técnica y Científica:

- Dirigir e impulsar los acuerdos que seadopten dentro de su ámbito por los Tribu-

El presente Acuerdo, suscrito en originalesredactados en los idiomas español y portu-gués, igualmente válidos, entrarán en vigor apartir de la fecha de su firma, y podrá ser denun-ciado por cualquiera de las Partes, previa notifi-cación, con seis meses de anticipación.

~p~37 Revista OLACEFS

Acuerdo de Colaboración Técnico y Cientfficoentre Italia y Venezuela.

El Tribunal de Cuentas de la República deItalia, representada por el Presidente,Giuseppe Carbone, y la Contraloría Generalde la República de Venezuela, representadapor el Contralor General, Doctor EduardoRache Lander.

Deseosos de realizar un Acuerdo de Colabo-ración, a los fines de intercambiar conoci-mientos técnicos, en el área relativa al con-trol sobre los recursos públicos.

Conscientes de la provechosa experienciade los convenios similares celebrados conotros órganos superiores de control.

Determinados a reforzar la relación históri-co-cultural existente entre Italia y Venezue-la, que con este documento adquiere unaimportancia relevante para la colaboraciónde los respectivos entes.

Acuerdan lo siguiente:

ARTICULO 10 OBJETO DEL ACUERDO:

El tribunal de Cuentas de la República deItalia y la Contraloría General de la Repúbli-ca de Venezuela, por expreso y unánimeacuerdo, se han propuesto, con el presenteacto, desarrollar un programa de colabora-ción técnico-científico, dirigido a promoverun intercambio permanente de experienciasy de información, el cual comprenderá losconocimientos adquiridos en el área de con-trol externo de la administración pública,específicamente en el campo financiero, pre-supuestario y patrimonial.

ARTICULO 2° MODALIDAD DE ACCION:

El intercambio a que se refiere el artículoanterior será desarrollado mediante los si-guientes instrumentos:

*Firmado en Caracas, Venezuela,el 26 de abril de 1996

Vol. n,Núms. 12 - 13, abril - agosto de 1996 38

a) Divulgación de trabajos relativos a proce-dimientos administra'tivos, financieros,contables y patrimoniales, referidos a laacción de control de los dos organismosinteresados.

b) Intercambio de jurisprudencia, así comode disposiciones legales y reglamentariasque regulen las materias de interés paraambas instituciones.

e) Intercambio de informaciones sobre con-venios, encuentros, conferencias, deba-tes, cursos, etc., así como de personalprofesional en las áreas de interés delacuerdo, a fin de obtener un conocimientomás directo sobre los avances logradosen ambos países, que permitan el perfec-cionamiento técnico de ambas Partes.

d) Participación conjunta en programas deestudio e investigación, que puedan serutilizados en las acciones institucionalesde dichos organismos.

El intercambio en cuestión deberá estar deconformidad con las leyes y reglamentosvigentes en el territorio de cada una de lasPartes contratantes.

ARTICULO 3° DURACION DEL ACUERDO:

El presente acuerdo entrará en vigencia almomento de la firma, tendrá una duración detres (3) años y se considerará tácitamenteprorrogado por períodos sucesivos de tres(3) años, a menos que una de las Partescontratantes manifieste el propósito de darlopor terminado mediante un preaviso escrito,antes de los seis (6) meses de su vencimien-to.

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notas breves

XII REUNION DELCONSEJODIRECTIVO DE LAOLACEFS

En la XII Reunión del Conse-jo Directivo de la OLACEFS,efectuada el 26 de noviem-bre de 1995, en Lima, Perú,el Presidente de la organiza-ción, Javier Castillo Ayala,informó sobre las accionesrealizadas entre el1 de ene-ro y el31 de octubre de esteaño.

Al evento asistieron el Mi-nistro Marcos Vinicios Ro-drigues Vi laca, Presidentedel Tribunal de Cuentas dela Unión de Brasil; el DoctorDavid Turbay Turbay, Con-tralor General de la Repúbli-ca de Colombia; el CPA Víc-tor Enrique Caso Lay, Con-tralor General de la Repúbli-ca de Perú, y el Ministro Fer-nando Aguirre Ramírez, delTribunal de Cuentas de laRepública Oriental de Uru-guay, quien estuvo en repre-sentación del C. P. RinaldoSmeraldi Dall'Orto.

Como invitados especiales,asistieron el señor YvanGaudette, VicepresidenteEjecutivo de la IDI; la señoraEsther Stern, Directora deAsuntos Internacionales dela IDI; el señor James West-berry, funcionario del BancoMundial; el Licenciado Al-fredo Hernández SánchezMejorada, Director General

Jurídico de la ContaduríaMayor de Hacienda de Méxi-co, y el Ingeniero Juan Car-Ias Migone Guzmán, Sub-contralor de la República dePerú.

De la agenda del ConsejoDirectivo se discutió la pre-sentación del informe finan-ciero-presupuestal del 1 deenero al 31 de octubre de1995; la propuesta del pro-grama de actividades para1996; la presentación de lapropuesta de creación delFondo Latinoamericano y delCaribe por la Moral Públicay la propuesta de la IDI paraampliar la cooperación delprograma suscrito entre elBID, la OLACEFS y la IDI.

Yvan Gaudette presentó elplan que la IDI desarrollarádurante 1996-2000. En él seexplica detalladamente elgiro que la IDI dará a su par-ticipación en los diversosgrupos regionales de laINTOSAI, como agentecoadyuvante en la capacita-ción de los funcionarios delas EFS.

PROPICIARADMINISTRAC/ONPUBLICAMODERNA Y EFICIENTE:JAVIER CASTILLO AYALA

En la XIII Reunión del Con-sejo Directivo de laOLACEFS, realizada el1 y 2de agosto de este año, enCusca, Perú, el Presidentede la organización, JavierCastillo Ayala, afirmó que

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ésta refrenda MSUcompromi-so de continuar enarbolandolos principios que inspiraronsu fundación; nuestras acti-vidades están encaminadasa propiciar que la adminis-tración pública tenga comocualidades la modernizacióny la eficiencia, que sea sanay ágil para que los paísessuperen las adversidades yrecuperen sus capacidadesde desarrollo •.

Nos corresponde, dijo, Mga_rantizar el adecuado manejoy transparente uso de los re-cursos públicos, que son unpatrimonio colectivo denuestras sociedades. La ta-rea no es sencilla, demandafortaleza para vencer iner-cias y presiones, pero estoycierto de que con voluntad,seriedad y capacidad sere-mos promotores de la mo-dernización administrativa-.

El Contador Mayor de Ha-cienda de México indicó quela participación entusiasta delos integrantes del ConsejoDirectivo ha propiciado el re-conocimiento de organismose instituciones internaciona-les al grupo regional. Ello,agregó, ha quedado consta-tado con la seriedad y elprofesionalismo .con quehemos abordado los asun-tos de interés para la región.,Destacó que además de laMalta representatividad quehemos logrado obtener enlos órganos de gobierno dela INTOSAI, hemos podidocoadyuvar a la obtención delXVIINCOSAI-, que se reali-zará en Montevideo, Uru-guay, en 1998.

Revista OLACEFS

------------------El funcionario mexicano pre-cisó que gracias al compro-metido apoyo del Consejo Di-rectivo y a la participaciónactiva de las EFS miembros,se ha consolidado una orga-nización prestigiosa, recono-cida y madura. "Ello nos obli-ga entonces a fortalecer loalcanzado y a procurar res-ponder con oportunidad yprofesionalismo los retosque se avecinan, lo que pre-cisa'rá de nuestro mejor es-fuerzo y máxima dedica-ción".

Castillo Ayala informó a losmiembros del Consejo Di-rectivo las acciones que laOLACEFS ha hecho en suseno del 1 de noviembre de1995 al 30 de junio de 1996,entre las que destacan la ca-pacitación o actualización de240 funcionarios, 27.92% ca-pacitados fuera de sus paí-ses, con el apoyo del orga-nismo; la articulación delSubprograma de capacita-ción para este año, integran-do las solicitudes de los re-presentantes de las EFS dela región, conciliando tiem-pos, necesidades y recursosfinancieros. Este Subprogra-ma quedó conformado por10 Programas BID-OLACEFS-IDI, éstos últimosen caso de que se superenlos problemas que los hanmantenido suspendidos.

Respecto al convenio BID-OLACEFS-IDI, Castillo Aya-la informó que se aprovechóla 42 Reunión del Comité Di-rectivo de la INTOSAI, cele-brada en Viena, Austria, paraefectuar una reunión de coor-

dinación con los señoresDenis Desautels, AuditorGe-neral de Canadá y Presiden-te Ejecutivo de IDI; Peter V.Aliferis, Director de la Ofici-na de Enlace de la Organi-zación Internacional deAuditoría de la GAO; y elPresidente de la OLACEFS,a fin de delimitar las accio-nes que la 101y la OLACEFSpueden emprender para bus-car una convergencia de in-tereses y superar la situa-ción prevaleciente.

El también Contador Mayorde Hacienda de México in-formó que la Secretaría Ge-neral participó en la DécimaConferencia Anual sobre De-sarrollos Nuevos en la Ad-ministración Financiera Gu-bernamental, celebrada enMiami, Florida, así como dela gira de trabajo del Secre-tario General a Washington,D. C., para apoyar las ges-tiones que realizó el Conta-dor General de Honduras conel BID y el Banco Mundial,en beneficio de Latinoa-mérica.

Asimismo, adelantó que enel próximo seminario anualauspiciado por la INTOSAI yla ONU -que abordará "Elpapel de las EFS en la lu-cha contra la corrupción yla mala gestión"-, Latinoa-mérica tendrá una participa-ción más que proporcional:irán representantes de lasEFS de Brasil, México, Uru-guay y Venezuela, ademásde que la CMH de Méxicocontribuirá con un confe-rensi sta-i nstru ctor.

En el informe se destacó quea propuesta de Brasil, Méxi-co y Uruguay en la sesióndel Consejo Directivo de laINTOSAI, se adoptó el acuer-do para que la "Prevencióny detección del fraude y lacorrupción" sea el temacentral del próximo Congre-so Trianual de la Organiza-ción (INCOSAI).

Otros temas de interés parala membresía de la OLACEFSfueron, entre otros: la pro-puesta para el inicio del Fon-do Latinoamericano y del Ca-ribe por la Moral Pública; elinforme sobre la organiza-ción de la VI Asamblea Ge-neral Ordinaria, que se rea-lizará en Guatemala del 17al 22 de noviembre de esteaño, en la que se abordarán"El papel de las EntidadesFiscalizadoras Superioresen los procesos de privati-zación" y "La participacióny contribución de las Enti-dades Fiscalizadoras Su-periores en los procesosde modernización del Es-tado", que coordinarán lostitulares de las EFS de Perúy Guatemala; y la presenta-ción de los planes a corto ymediano plazo de las EFSde Argentina y Perú, aspi-rantes a obtener la sede dela OLACEFS para el periodo1997 -2000.

En la reunión participaronen calidad de consejeros elCPA Víctor Enrique CasoLay, Contralor General dePerú; el Ministro HomeroSantos, Vicepresidente delTribunal de Cuentas de laUnión de Brasil; el Doctor

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David Turbay Turbay, Con-tralor General de Colombia;el Licenciado Luis ArturoAguilar Solares, ContralorGeneral de Cuentas de Gua-temala.

Asistieron también el Licen-ciado Marcelo Zalles Barri-ga, Contralor General deBolivia y Auditor titular de laOLACEFS; el Doctor Enri-que Paixao, Presidente de laAuditoría General de la Na-ción de Argentina, quien es-tuvo como invitado especial,y el Licenciado Augusto Ma-nuel Lugo Baeza, SecretarioGeneral de la OLACEFS, encalidad de Secretario delConsejo.

El Presidente de la regiónInca, Ingeniero Carlos Va-lencia Miranda, el Alcalde deCusco, señor Raúl Salisas,el Presidente de la CorteSuperior de Justicia de Cus-co, Doctor Antonio Olivares,y el Fiscal Decano, DoctorMiguel Sánchez Arteagatambién estuvieron presen-tes en el evento, atenciónpor la cual el Presidente dela OLACEFS les expresó subeneplácito, además deagradecerles su hospitali-dad.

25 AUDITORES,EN EVALUAC/ONDE PROGRAMASPUBLlCOS

25 auditores tomaron enjunio de este año un cursosobre Evaluación de Pro-gramas Públicos, realizado

en Washington, EstadosUnidos, y promovido por elTribunal de Cuentas de laUnión de Brasil.

El curso comprendió los mé-todos y técnicas desarrolla-dos por la AdministraciónPública Americana, a fin detransmitirles a los audito-res brasileños lo más avan-zado de la evaluación deprogramas en EU.

El evento lo supervisaron elInstituto Politécnico de Vir-ginia, la Universidad Esta-tal y la Fundación GetulioVargas, de Brasil, con lacolaboración de la Acade-mia Nacional de Adminis-tración Pública de EstadosUnidos.

La iniciativa representa ungran esfuerzo del Tribunalde cuentas por modernizarsus procedimientos paraenfrentar con éxito los de-safíos impuestos por lasnuevas tendencias en el tra-bajo de auditoría.

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Después de dos semanasdel curso en las aulas, los25 auditores visitaron algu-nos órganos públicos y pri-vados, donde verificaron losconceptos estudiados.

CURSOINTERNACIONALDE CONTROLDE LA GESTlONPUBLICA

Del 16 al 27 de septiembrede este año, en Salvador,Bahia, Brasil, se llevó acabo el segundo curso in-ternacional de Control de laGestión Pública, que contócon el soporte de los siste-mas computarizados de laAdministración Federal.

El curso de dos semanasestuvo patrocinado por elTribunal de Cuentas de laUnión de Brasil y la Organi-zación Latinoamericana ydel Caribe de EntidadesFiscalizadoras Superiores(OLACEFS), y contó con la

Revista OLACEFS

zas y Precios, manifestó laimportancia de crear una ofi-cina que tuviera exclusiva-mente las funciones .ele fis-calización superior, con au-tonomía, independencia y re-conocida capacidad técnica.

Su deceso constituye unapérdida considerable, parael Estado cubano, el Minis-terio de Finanzas y Precios yel órgano superior de con-trol .

participación de 35 audito-res de once países: Argen-tina, Colombia, Costa Rica,Cuba, Guatemala, México,Paraguay, Perú, Venezue-la, Portugal y Brasil.

En el curso se expusieron lascaracterí sticas operacionalesde los principales sistemas dela Administración PúblicaFederal brasileña, así comolos procedimientos de audi-toría desarrollados por elTribunal de Cuentas de laUnión, con el soporte de dichossistemas.

El año que entra, del 10 al21 de marzo de 1997, seimpartirá el tercer curso enNatal, Río Grande del Norte,estado donde recientementeel Tribunal de Cuentas de laUnión inaug'lró un nuevo edi-ficio para su oficina.

PERDIDA LAMENTABLE

La OLACEFS comunica conprofunda pena el 1, 'llenta-

ble fallecimiento de la Doc-tora Carmen Lorenzo Calvo,Jefa de la Oficina Nacionalde Auditoría de Cuba.

Para la Organización es unairreparable pérdida, por suprobada calidad humana yreconocida capacidad técni-éa y profesional, cualidadesque en todo momento pusoal servicio de la OLACEFS,coadyuvando con la consoli-dación y fortalecimiento dela cooperación y coordina-ción regional.

En su trayectoria profesio-nal, la Doctora Lorenzo Cal-vo luchó por dignificar yprofesionalizar las activida-des de fiscalización sU'Je-rior de la isla del caribe. Enel momento de su deceso, el5 de agosto de este año, pre-sidía la Oficiila ¡~acior.al deAuditoría, rroyeCl'-l que ellaformuló y vio consurllado.

En su calidad de Viceminis-tra del Ministerio de Finan-

La OLACEFS se solidarizacon el pesar que embarga asus familiares, amigos y a laOficina Nacional de Audito-ría de Cuba. Los miembrosde esta Organización recor-darán a la Doctora LorenzoCalvo por su inagotable ca-pacidad de gestión, apoyoincondicional y liderato enproyectos que emprendió eneste grupo regional.

BIENVENIDA A LOSNUEVOSMIEMBROS DE LAOLACEFS

El Consejo Directivo de esteórgano de difusión les da lamás cordial bienvenida a losnuevos titulares de las EFSde esta organización recien-temente designados y les de-sea el mayor de los éxitos.

En tal virtud, recibimos afec-tuosamente a los destaca-dos funcionarios:lngenieroVíctor Manuel Grimaldi Cés-pedes, Contralor General dela República Dominicana, yal Abogado y Notario LuisFernando Vargas Benavides,

Vol. 11.Núms. 12 - 13, abril - agosto de 1996

Contralor General de la Re-pública de Costa Rica.

Víctor Manuel GrimaldiCéspedes

De 1981 a 1985, estudió In-geniería de Sistemas en elInstituto Tecnológico de San-to Domingo (INTEC), al mis-mo tiempo que desarrolló di-versos estudios e investiga-ciones: encuestas, campañaselectorales y opinión pública;matemáticas para profesiona-les de Ciencias Sociales, Téc-nicas de Investigación Cientí-fica y Ciencia y Tecnología.

Igualmente, realizó estudiosde Promoción Social y De-sarrollo de la Comunidad; dePeriodismo , en el InstitutoDominicano de Periodismo, yde Periodismo Científico en elCIESPAL-OEA; fue redactor,columnista y ejecutivo en dia-rios y publicaciones naciona-les; productor de programasde televisión y asistió a Was-hington, en 1977, a la cere-monia de la firma de los Trata-dos del Canal de Panamá.

En su experiencia profesio-nal, fue Consultor del Pro-grama de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo(PNUD), de 1988 a 1992; di-rigió el Proyecto de Desa-rrollo Empresarial del Clubde Ejecutivos de Santo Do-mingo, en 1991; participó enla reunión de ministros delCARICOM en Washington,auspiciada por el BID, en1992, para la presentacióndel estudio "Time for Action~.

Fue Administrador-DirectorEjecutivo de la AsociaciónDominicana de Empresas Fi-nancieras (ADEFI), de la cualtambién fue su Asesor, y par-ticipó en los congresos de laFederación Iberoamericanade Asociaciones Financie-ras, de 1987 a 1989; aseso-ró al Secretario Técnico dela Presidencia, en 1983-84,y al Director del Centro Do-minicano de Promoción deExportaciones, en 1976.

A principios de la década delos 80 realizó un viaje a Sui-za e Italia para estudiar elproceso de comercializacióndel oro dominicano y, pordiversos motivos profesiona-les, ha viajado a EstadosUnidos y a varios países deAmérica Latina.

Entre sus libros y ensayosdestacan los siguientes: En-trevistas, análisis y reporta-jes (1977); Los Estados Uni-dos en el Derrocamiento deTrujillo (1985); El diario se-creto de la intervención nor-teamericana de 1965; El mis-terio del golpe de 1963; JuanBosch, el comienzo de la his-toria (1990); Cambios mun-diales, desarrollo y concer-tación social (1990); Crisis

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en 1990 Y una Agenda na-cional más allá de 1994 eImplicaciones del neolibera-lismo en el proceso de cam-bios mundiales (1993).

Luis Fernando VargasBenavides

Es un profesionista de 53años que fue designado porla Asamblea Legislativa deCosta Rica para ocupar elcargo de Contralor General,por un periodo de ocho años.

El nuevo Contralor costarri-cense fue Viceministro de Tra-bajo, Vicepresidente del Ban-co Hipotecario de Vivienda,en el gobierno de Oscar Arias,y Director Ejecutivo del Patro-nato Nacional de la Infancia.

Ha sido Profesor de Dere-cho de Familia, en la Univer-sidad Autónoma de Centroa-mérica (UACA); en el actualgobierno fungió como direc-tivo del Banco Popular y deDesarrollo Comunal y, en elmomento de su nombramien-to, se desempeñaba comoVicepresidente de la CajaCostarricense de Seguro So-cial y como Asesor de la Pre-sidencia de la República.

Revista OLACEFS

----------------------reseña documental

STUDIESIN

STATE AUDIT

STUDIES IN STATE AUDIT

Autores: A. Friedberg, B. Ge-¡st, N. Mizrahi and 1. Shar-kansky.

Editor: State of Israel, StateComptroller's Office, 1995.

Indice:

- Foreword, Justice MiriamBen-Porat, State Comp-troller of Israel

- Introduction, BenjaminGeist

- Profesional Audit in Isra-el: Introduction and Back-ground, Asher Fried-berg

-Israel's Contribution to theDevelopment of StateAudit Throughout theWorld, Itzhak Ernst Neben-zahl

. - The Sta te Comptroller andSupreme Court Decisions,Miriam Ben-Porat

- State Audit's Impact onGovernment and thePublic Administration,David Libai

- Expanding the Frontiersof State Audit: Israel's Au-ditor as Critic of Poli-ticalMorals, Ira Shar-kansky

- State Audit and Secrecy,Benjamin Geist

- State Audit and PolicyDecisions in the IsraelDefense Forces, Yehos-hua lakai

- Internal Audit and Poli-tical Appointments, Yitz-hak lamir

- State Audit and Morallnte-grity in the Public Service,Benjamin Geist and AsherFriedberg

- The Limits of GobernmentAuditing: The case ofHigher Education, IraSharkansky and James J.Gosling

- Sta te Audit at the Marginsof the Public Administra-tion in Israel, Asher Fried-berg

-Wiretapping, Miriam Ben-Porat

- State Audit and InternalAudit in Israel, Nissim Miz-rahi

- Auditing the Public Debt,Aharon Siegel

Notes on the Contributors

Apéndice

A. Basic Law: The StateComp-troller

B. State Comptroller Law,5718-1958 [ConsolidatedVersion]

C. Internal Audit Law, 5752-1992.

Vol. II, Núms.12 - 13, abril - agosto de 1996 44

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ESTE LIBRO DEBE SER DEVUELTOEN LA ULTIMA FECHA INDICA1>A

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BI3L10TECA CGR

BIBlIOINSUMOS. F: 274&379

1996

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II(12-13) L ~1996

Revista OLACEFS

La integración de la Revista OLACEFS estuvo a cargo de la Subdirección de Diseno Editorialde la Contadurla Mayor de Hacienda de México.