Ruido de togas en Karlsruhe.

Manfred Nolte

El Tribunal constitucional alemán viene de enjuiciar días atrás la legalidad de un programa del Banco Central Europeo (BCE). Lo hace a instancia de un grupo de ciudadanos que ha interpretado en aquellas un atentado directo a la estabilidad del país, dado que la Institución presidida por Mario Draghi, excediéndose a sus competencias, habría sentado las bases jurídicas para la financiación directa de los Estados, en particular de aquellos que atraviesen situaciones límites.

El programa en cuestión se refiere a la compra ‘ilimitada’ de deuda a corto plazo a países de la eurozona en crisis, siempre sujeta al correspondiente compromiso de consolidación presupuestaria y reformas estructurales. Los efectos balsámicos del programa del italiano, titulado de ‘Transacciones monetarias directas’(TMD) –que solamente ha sido ‘declarativo’, sin implementación práctica alguna- están fuera de toda duda. Desde setiembre de 2012, fecha de su introducción, el precio de los activos ha subido, los saldos entre bancos centrales en el eurosistema se han equilibrado y, sobre todo, los tipos de interés de la deuda pública han caído espectacularmente en varios países, tres puntos porcentuales en el caso de España. El TMD “ha aportado estabilidad a los mercados de Europa y del mundo entero. Cuando miras hacia atrás, es difícil negar que haya sido probablemente la medida de política monetaria más exitosa adoptada últimamente”, defendía Draghi en vísperas del proceso.

Pero, paradójicamente, como ha puntualizado el presidente de la alta Sala alemana, Andreas Vosskuhle, al inicio de la vista oral, no se trata de examinar la oportunidad y conveniencia de tal o cual decisión adoptada por el Instituto emisor europeo, sino de determinar si este asume poderes que son inconstitucionales en Alemania. El Tribunal dictará sentencia en Setiembre, una vez transcurridas las elecciones generales en aquel país.

No es la primera vez que sucede algo parecido. En Setiembre de 2012 el constitucional de Karlsruhe mantuvo en vilo a los miembros de la Eurozona, y en particular a España, al enjuiciar la regularidad, siempre a efectos de la normativa alemana, de la creación del ‘Mecanismo Europeo de Estabilidad’ , el Fondo de rescate comunitario que como primer mandato, debía poner a disposición de España hasta 100.000 millones de euros para la capitalización de su sistema financiero. En esta ocasión la Corte alemana aprobó la constitución del Fondo, siempre con sujeción a un techo de contribución de las arcas teutonas, que sería fijado en cada caso por su Parlamento.

Los diversos posicionamientos políticos en la materia causan perplejidad. Mientras Schäuble y la propia Merkel han mostrado un talante conciliador proeuropeo, los dos miembros alemanes del Consejo del BCE han defendido en el proceso de audiencia posturas diametralmente opuestas. Jens Weidmann, que ostenta asimismo la Presidencia del Deutsche Bundesbank y es un furibundo opositor al programa de compra de bonos, ha propuesto la redefinición de los poderes del BCE mediante una enmienda de los tratados. Para el ‘BUBA’, dado que el Consejo del BCE no está sujeto a supervisión parlamentaria, debe recortarse la capacidad de sus tomas de decisiones que podrían finalmente comprometer a los países solventes a asumir pasivos de los insolventes. Por su parte Joerg Asmussen, partidario de una acción del BCE contundente e ‘ilimitada’ que ayuda a alinear los tipos de interés a lo largo de la eurozona, reduciendo asimetrías y desmontando la fragmentación de la política monetaria, ha alertado que los planes de su opositor abrirían la caja de Pandora de los males europeos.

Si el veredicto final concluyese que el BCE ha traspasado los límites de su mandato, el programa de compra de bonos violaría la ley alemana y Alemania no se vería ya obligada a apoyar al Banco Emisor de la eurozona. Aunque posible, hay que estimar esa situación –que sería letal para España- como altamente improbable.

La llamada Gobernanza europea está a años luz de configurar su espacio de equilibrio. Las instituciones comunitarias -Comisión, Consejo, Parlamento y Corte de Justicia- son heterogéneas y no convergen ni en intereses ni en representación. Para colmo, las decisiones adoptadas casi siempre insuficientes, defectuosas y tardías, sufren el condicionante del posible veto unilateral de algunos estados miembros, como es el caso que analizamos.

Ocasionalmente se dispara el esperpento y se sienta en el banquillo de los acusados a Mario Draghi por haber salvado al euro, y de paso haber rescatado técnicamente a España.